Han comenzado las sesiones donde el gobierno promete escuchar propuestas de distintos actores sobre la anunciada reforma electoral. Simulación, montaje o genuino foro, la realidad es la rareza de que la autoridad electoral no parezca tener prisa en decir esta boca es mía.
El Instituto Nacional Electoral se ha convertido en un objeto de deseo para el régimen.
AMLO intentó dos veces cambiar el sistema comicial, pero por la oposición en el Congreso, en las calles y en los tribunales tuvo que dejar esa chamba a Claudia Sheinbaum.
Ahora, el cambio de la autoridad electoral y del modelo de representación legislativo son hechos cantados.
Desde luego que la reforma electoral implica una discusión más allá de qué hacer con el árbitro y organizador electoral. Pero al modificar la manera de integrar el Congreso de la Unión, por ejemplo, la voz del INE sería indispensable en implicaciones logísticas y/o de validación.
Cuando el año pasado la reforma judicial inició su tortuosa vía, las y los ministros de la Corte, y no se diga las y los magistrados y jueces, y desde luego trabajadores del PJ, saltaron para sumarse a la discusión, fuera como intento de resistir y/o sobrevivir.
La Suprema Corte, además, era la diana de los no pocos ataques con los que el régimen quiso justificar la necesidad y urgencia del cambio en el Poder Judicial. No sé si deberíamos sentir pena de que al INE de la consejera presidenta Guadalupe Taddei ni ese estatuto le confieren.
Claro que la explicación más obvia es que con Taddei al frente, y con las y los consejeros que no se visten de guinda nomás porque les ha faltado sacar atuendos de ese tono, el oficialismo descuenta que serán dóciles y hasta proactivos a favor de Palacio.
La pregunta aquí es si esas y esos consejeros que se sientan en la cursimente llamada herradura de la democracia se animarán a hacerle un último servicio colectivo a la patria. Me refiero a poner en blanco y negro, y en suficientes cuartillas, una visión colegiada de qué sí y qué no cambiar del modelo de organización, cómputo, vigilancia, fiscalización y sanciones de nuestros comicios.
Qué raro sería que quienes tienen la responsabilidad de organizar y llevar a buen término las elecciones no logren consensuar, pronto y bien, un documento que formule las lecciones de tres décadas, lo que por supuesto incluiría riesgos a evitar.
Hasta la anterior Suprema Corte, dividida como estaba con tres ministras que, ésas sí sin pena, ya se pintaban de guinda, acudió a un foro al Senado, que al final resultó una celada donde el exministro Arturo Zaldívar tuvo una ocasión más para mostrar su tamaño.
¿Será que la consejera presidenta Guadalupe Taddei no es capaz ni del temple público que en su momento demostró la exministra Norma Piña, que sin aspavientos aguantaba las expresiones de las tres ministras prorrégimen?
El antecedente de la visita en agosto del INE a la Secretaría de Gobernación, gestionada unilateralmente por Taddei y a donde las y los consejeros llegaron sin posición negociada (cita a la que no acudieron todos, por cierto), da una pista sobre cuán poco esperable es que la consejera presidenta promueva y acuerde una propuesta única del instituto para la reforma electoral.
Si a lo anterior sumamos que a varios de las y los consejeros que no se prestan al juego de la mayoría oficialista del INE les revivieron el fin de semana una denuncia por “abuso de funciones”, el mensaje de Morena está claro: la reforma no tomará en cuenta a los consejeros que se toman en serio la autonomía. Y a los que en los hechos renunciaron a ella, tampoco. Conste, estos últimos se lo habrán ganado por lo predecible de sus votos.