Los megadecomisos de huachicol de los últimos meses han sido criticados por el inefable contraste entre la magnitud de la logística de esos delitos (buques, pipas, tanques, millones de litros, etcétera) y la ausencia prácticamente total de detenciones en esos operativos.
Golpes espectaculares a finales de marzo que generaron enormes dudas: sea en Ensenada, donde los depósitos asegurados (o eso espera uno porque ya luego vemos que se les extravía lo decomisado) están a la vera de importantes vías de comunicación, sea en Altamira, donde barco y pipas no podrían ser más obvios, más obscenos, pues.
Pasaron los días, luego las semanas y no ha caído nadie de peso, ni del lado de las bandas delincuenciales, ni del lado de las autoridades, de todos niveles, que tuvieron que, por omisión o comisión, estar metidos en el enjuague.
Es el defecto de una política que con toda justicia le ha sido reconocida al gobierno: su actitud distinta, combativa, a la del sexenio pasado, que sin embargo aún ha de consolidarse al desmantelar cárteles y complicidades oficiales.
Tan sólo a finales de julio hubo un decomiso más, en Reynosa, y a éste se atribuye la probable causa del terrible atentado mortal en contra del delegado de la Fiscalía General de la República Ernesto Vásquez Reyna, la tarde del lunes en esa ciudad.
La ejecución de Vásquez Reyna es un ataque a toda la sociedad, no sólo a la FGR o al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para con la familia de Vásquez Reyna hay que manifestar solidaridad, decir, como con tantas víctimas de la violencia, “basta ya”.
Sheinbaum tomó la decisión germinal de cambiar de modelo de combate a los criminales. Los mentados cuatro ejes de la estrategia de la presidenta merecieron el beneficio de la duda, pero aún habrá de sortear duras pruebas caseras.
Porque por un lado Claudia lidia con la pretensión trumpiana de hacer de México el chivo expiatorio de problemas que en el mejor de los casos son bilaterales, sino que globales, y por el otro ha de desmontar una escalada criminal que no pudo crecer sin complicidad morenista.
Las nulas detenciones de peso en los megadecomisos genera una suspicacia que juega en contra de la promesa oficial y la expectativa generalizada de que este gobierno va en serio.
El funesto atentado en contra del representante de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas sacude como recordatorio de que para los criminales sí se trata de una guerra sin cuartel, una donde se cobrarán, porque así lo ha informado la propia FGR, los decomisos.
Ojalá la anunciada sustitución al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupada indebidamente durante años por un cuadro sin las calificaciones necesarias, sirva para apurar la ofensiva, ahora en el terreno de los dineros, en contra de los cárteles y sus socios.
Los criminales están calando a la presidenta y al modelo de seguridad, que trasciende al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por cierto: es interinstitucional y nacional.
En ese modelo, que implica coordinación, no se entiende qué papel juega un gobernador como Américo Villarreal, que niega la gravedad que vive Tamaulipas. O, para el caso, el de la gobernadora de Veracruz, que tiro por viaje minimiza la inseguridad en su estado.
Los criminales ya demostraron, una vez más, que no perdonan. El Estado tiene que aplicar la ley con todo rigor, así termine procediendo contra quienes permitieron que la hidra criminal del huachicol llegara hasta el nivel en que es evidente que supone una amenaza nacional.