La derrota republicana en las elecciones del martes abre para México dos escenarios: un mayor costo político en EU por endurecer los aranceles, lo que nos puede beneficiar, y un riesgo para las exportaciones que abastecen a los centros de datos estadounidenses. Ambos efectos podrían ocurrir al mismo tiempo.
Veamos los detalles.
Los aranceles han sido una herramienta central del gobierno de Donald Trump para negociar con otros países y promover la reindustrialización. El resultado electoral, que dio a los demócratas la mayoría en ambas cámaras, pone en duda la rentabilidad política de esa apuesta.
Según el sondeo divulgado por NBC News, 66 por ciento de los votantes consideró que la política arancelaria dañó la economía nacional y apenas 21 por ciento dijo que la ayudó. Tres de cada cuatro calificaron la economía como regular o mala.
Estas respuestas sugieren que los aranceles contribuyeron al malestar. No permiten atribuirles por sí solos la derrota republicana, pero sí cuestionan la idea de que endurecerlos resulta electoralmente gratuito.
Nada de esto elimina los aranceles vigentes. El fallo de la Corte Suprema de febrero rechazó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, la IEEPA, para imponerlos. Otras facultades legales siguen disponibles, y el veto presidencial dificulta que el Congreso revierta las medidas.
Lo que podría cambiar es su precio político. Los legisladores interesados en recuperar votos tendrían un incentivo para cuestionar decisiones que sus electores asocian con el encarecimiento de la vida.
México podría aprovechar esa presión, aunque la derrota electoral de los republicanos no garantiza una negociación más flexible.
La decisión del gobierno norteamericano que obligó a las revisiones anuales del T-MEC a partir del 2027 ahora habrá de enfrentarse a un contexto político distinto.
México conserva, además, una ventaja relativa. Según USAFacts, con datos del Census Bureau, el arancel efectivo promedio aplicado a las importaciones estadounidenses procedentes de México fue de 3.2 por ciento en agosto de 2026, frente a 22.8 por ciento para China. Son promedios que incluyen mercancías exentas, no tasas uniformes para todos los productos.
Para México, el reto sería convertir esa ventaja en compromisos que den certidumbre a las empresas. Un mejor ambiente político serviría de poco si persisten amenazas que dificulten planear inversiones y contratos de largo plazo.
El segundo veredicto, en contraste, podría complicarnos: el rechazo a los centros de datos.
En el sondeo de NBC, 76 por ciento se opuso a construir uno en su comunidad. Además, 56 por ciento señaló que la inteligencia artificial y los centros de datos fueron un factor crucial o importante en su voto para el Congreso. Esta última pregunta agrupa dos asuntos y no permite aislar cuánto pesó cada uno.
El malestar también se expresó en urnas locales. De acuerdo con el rastreador Data Centers on the Ballot, el martes se aprobaron al menos 43 medidas de moratoria o restricción a centros de datos. En Ohio, que alberga 257 de estas instalaciones, localidades como Urbana y Hubbard rechazaron proyectos con más de 75 por ciento de los votos, y el demócrata Sherrod Brown volvió al Senado haciendo del tema un eje de campaña, con el recibo de luz como argumento central.
Aquí aparece la exposición mexicana. Las exportaciones de servidores crecieron 172.1 por ciento en los doce meses terminados en junio de 2026. Estados Unidos absorbió 93.9 por ciento de esos envíos.
Si las restricciones reducen la inversión estadounidense en centros de datos, podrían moderarse los pedidos a México. Pero también es posible que los proyectos se desplacen a otras localidades o que las compras se pospongan. El efecto dependerá de la capacidad afectada, los contratos existentes y la duración de los retrasos.
La señal a vigilar será la revisión de presupuestos y calendarios de las empresas que compran equipo mexicano. Una demora puede desplazar ventas entre trimestres; una cancelación de capacidad prevista tendría consecuencias más duraderas para la producción y el empleo.
Para los grandes operadores de infraestructura en la nube, una menor inversión podría aliviar las salidas de efectivo en el corto plazo, aunque también limitaría su expansión futura. Para los fabricantes de equipos, el riesgo sería una menor demanda. Esa diferencia ayuda a entender por qué el efecto económico no sería igual para todas las empresas vinculadas con la IA, lo que ayer se expresó en los mercados bursátiles que castigaron a unas y premiaron a otras.
En suma, México podría ganar margen frente a la presión arancelaria y, al mismo tiempo, perder impulso en sus exportaciones tecnológicas.
El saldo dependerá de cuánto cambie la política comercial y cuánto se frene la inversión asociada con la inteligencia artificial.