El próximo 29 de noviembre habrá elecciones generales en España, y si las encuestas siguen como van hasta ahora, sería el fin de los 8 años y medio de gobierno de Pedro Sánchez en España.
Y todo comenzó con un deshaucio, el de Maricarmen, una anciana enferma, que a sus 75 años perdió la vivienda que rentaba, lo que catalizó una movilización nacional, en protesta por lo inaccesible de la vivienda y los altos precios de los alquileres. Ella falleció el pasado 7 de octubre.
En ese contexto fue que el presidente de gobierno disolvió las Cortes el pasado 5 de octubre y convocó a elecciones generales.
¿Se trata de un fenómeno de España o resulta que en México tenemos también circunstancias similares?
Veamos algunas cifras.
El Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal indica que al término del primer semestre de 2026 el valor promedio de una vivienda en el país fue de 1 millón 960 mil pesos, tras subir 7.9 por ciento anual, el doble de la inflación del periodo.
Hay un detalle adicional: la vivienda económica-social se encareció 10 por ciento, más que la media-residencial. El escalón de entrada es el que más sube.
En la Ciudad de México, el precio promedio es 4 millones 285 mil pesos.
Comprar una vivienda promedio en el país con crédito bancario exige, de arranque, un enganche de alrededor de 390 mil pesos, al que se suman gastos de escrituración, avalúo y comisiones. En conjunto, cerca de medio millón de pesos de ahorro previo antes de recibir las llaves.
Luego viene el financiamiento. Aunque el Banco de México mantiene su tasa de referencia en 6.50 por ciento desde mayo, la tasa hipotecaria promedio que reporta el propio banco central se ubica en 11.3 por ciento. Y el costo efectivo es mayor: el Costo Anual Total (CAT) promedio, que incorpora comisiones y seguros obligatorios, alcanza 13.8 por ciento, dentro de un rango que va de poco menos de 11 hasta más de 28 por ciento en los productos más caros.
Vale recordar que la tasa de referencia bajó casi cinco puntos porcentuales desde 2024; las hipotecas, fondeadas a plazos largos, se abarataron mucho menos.
Con esos parámetros, el simulador de la Condusef estima que para adquirir la vivienda de precio promedio se requiere comprobar ingresos de entre 32 mil y 60 mil pesos mensuales, dependiendo del banco.
Para el nivel promedio nacional BBVA solicita 63 mil pesos y Banamex, casi 61 mil. Si la compra es en la Ciudad de México, el requisito rebasa los 130 mil pesos al mes.
Crucemos ahora esas exigencias con los ingresos reales.
De acuerdo con la ENOE del INEGI, en el segundo trimestre de 2026, 46.5 por ciento de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo, es decir, unos 9 mil 582 pesos al mes. ¿Y cuántos declaran ganar más de cinco salarios mínimos, el equivalente a 47 mil 912 pesos? Apenas 0.8 por ciento de los ocupados.
Aun considerando que las encuestas tienden a subestimar los ingresos altos, la conclusión se sostiene: el ingreso que exige la banca para financiar la casa promedio queda fuera del alcance de al menos 95 de cada 100 personas ocupadas. El salario promedio de cotización en el IMSS, cercano a 20 mil 500 pesos mensuales, equivale a una tercera parte de lo requerido.
Los números del mercado confirman el retrato. De acuerdo con cifras del sector, el crédito bancario promedio para adquisición de vivienda fue de 2.54 millones de pesos en 2025, mientras que el de los organismos públicos rondó los 716 mil pesos.
La colocación bancaria, además, cayó el año pasado tanto en número de créditos como en monto. La banca financia la cúspide de la pirámide.
Para la base, el camino prácticamente único es el Infonavit. Su programa de Vivienda para el Bienestar, dirigido a derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos, con casas de hasta 630 mil pesos, prevé cerrar 2026 con 700 mil viviendas contratadas.
De las ya asignadas, 88 por ciento correspondió a trabajadores con ingresos de entre 1 y 1.5 salarios mínimos. A la par, junto con el Fovissste, el instituto reestructuró más de cinco millones de créditos que se habían vuelto impagables.
Queda en medio una franja enorme: quienes ganan entre dos y seis salarios mínimos, entre 19 mil y 57 mil pesos mensuales, no son elegibles para el programa social y tampoco alcanzan los requisitos bancarios.
Para ellos, hoy, la opción del mercado se llama renta.
Conviene voltear a España. El desalojo de Maricarmen detonó semanas de protestas en más de 40 ciudades, una acampada en la Puerta del Sol y el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez.
La marcha del 3 de octubre reunió en Madrid a 70 mil personas, según el gobierno, y a medio millón, según los organizadores. Allá, el precio medio del alquiler casi se duplicó en diez años y la vivienda se convirtió en el principal factor de desgaste político.
Las crisis de vivienda no estallan cuando los pobres no pueden comprar: lamentablemente nunca han podido. Estallan cuando las clases medias descubren que tampoco pueden.
México aún está a tiempo de evitar llegar a ese punto, pero la aritmética ya empezó a parecerse.
La pregunta de política pública es qué puerta se abrirá para la franja intermedia antes de que el tema pase del terreno económico al político.