Hay una explicación que se repite cada vez que se habla del crecimiento del gasto en pensiones: “es inevitable, México está envejeciendo”.
Es una verdad a medias. Y las verdades a medias son la peor guía para la política fiscal.
El momento para revisarla no podría ser más oportuno: en unos días, Hacienda entregará al Congreso el Paquete Económico 2027, y ningún rubro condicionará tanto ese presupuesto, y los que vienen, como el que hoy nos ocupa.
Veamos los números. En 2015, el gasto público en pensiones, contributivas y no contributivas, sumaba unos 630 mil millones de pesos, alrededor de 3.4 por ciento del PIB. Este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, llegará a 2.3 billones: 6 por ciento del PIB. Descontando la inflación, el gasto se multiplicó por 2.2 veces en poco más de una década.
¿Y la demografía? Según el CONAPO, la población de 60 años y más pasó de cerca de 12 millones de personas en 2015 a unos 18 millones en la actualidad. Un crecimiento de alrededor de 50 por ciento. Notable, pero muy lejos de explicar que el gasto real se haya más que duplicado.
Si el gasto en pensiones hubiera seguido únicamente la curva demográfica, hoy estaría en torno a 4.5 por ciento del PIB. El punto y medio restante, cerca de 590 mil millones de pesos anuales, no lo explica el envejecimiento. Lo explican decisiones.
Tres decisiones, para ser precisos. La primera: la generación de transición de la Ley 73 del IMSS, un régimen de reparto que seguirá pagando jubilaciones durante décadas con cargo directo al presupuesto. La segunda: la expansión de la pensión no contributiva, que se multiplicó por más de diez desde 2018 para llegar a 1.6 por ciento del PIB en 2026, por la universalización, el adelanto de la edad y la actualización de los montos. La tercera, la más reciente: la Pensión Mujer Bienestar, que este año crece 266 por ciento.
Que quede claro: no se trata de discutir la legitimidad de dar un ingreso a los adultos mayores en un país donde la mayoría llega al retiro sin pensión contributiva. Se trata de reconocer que fueron elecciones de política, no fatalidad demográfica. Y toda elección tiene costo de oportunidad.
La dinámica de este año confirma la tendencia. De acuerdo con el informe de finanzas públicas de Hacienda, entre enero y julio el pago de pensiones y jubilaciones contributivas sumó 990.6 mil millones de pesos, con un crecimiento de 5.1 por ciento real, el doble del ritmo al que creció el gasto neto total. Ese monto ya equivale a casi 20 centavos de cada peso de ingresos presupuestarios.
Estamos gastando como país envejecido sin haber invertido como país joven.
Otro dato dimensiona la presión: en los primeros siete meses del año, el gasto en pensiones equivalió a 55.7 por ciento de la recaudación del ISR, cuando en 2018 la proporción era de 47.6 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.
Considere además que las pensiones no viajan solas. Sumadas al costo financiero de la deuda, entre enero y julio de este año ambos rubros absorbieron 1.75 billones de pesos. Es la porción del presupuesto que opera en piloto automático: se paga antes de que el Congreso discuta un solo peso, y cada año es más grande.
Lo verdaderamente delicado es lo que viene. Las proyecciones del CIEP indican que, sin ninguna reforma adicional, solo con la dinámica poblacional y la inflación, el gasto en pensiones llegará a 7.1 por ciento del PIB en 2030; si se concretan los aumentos comprometidos, la cifra puede acercarse a 7.8 por ciento. Y ocurrirá con ingresos menguantes: las proyecciones de la propia Hacienda anticipan que los ingresos presupuestarios tenderán a disminuir como proporción del PIB hacia el final de la década.
2030, además, no es un año cualquiera: el CONAPO lo marca como el inicio del envejecimiento demográfico avanzado, cuando por primera vez habrá en México más personas mayores que menores de 14 años.
Dicho de otra forma: el gran empuje demográfico apenas comienza. Todo el crecimiento del gasto que hemos visto desde 2015 ocurrió antes del punto de inflexión de la pirámide poblacional. Llegaremos a la cuesta más empinada con la munición fiscal ya gastada.
Haga usted la aritmética: 7 puntos del PIB en pensiones, frente a ingresos tributarios de alrededor de 14.5 puntos, significa que la mitad de la recaudación estará comprometida en un solo rubro antes de destinar recursos a seguridad, salud, educación o infraestructura.
La pregunta de fondo no es si México podrá pagar sus pensiones en 2030.
Podrá, con deuda o con recortes. La pregunta es qué esquema fiscal es compatible con esa aritmética y quién estará dispuesto a proponerlo.
El Paquete Económico que está por llegar nos dirá si alguien empieza a hacerse cargo. La demografía, esa sí inevitable, no va a esperar.