Hoy se reúnen de manera virtual los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá para la primera revisión conjunta que marca el artículo 34.7 del T-MEC: el momento en que los tres países deben confirmar por escrito si desean ampliar la vigencia del tratado por 16 años más.
México y Canadá confirmaron esa postura desde los primeros días de junio. La aprobación que falta es la de Washington, y prácticamente nadie da por probable que llegue hoy: ni el gobierno mexicano, ni el sector privado, ni la banca.
No es una sorpresa. Desde hace semanas —desde que Donald Trump adelantó que no buscaba una simple renovación del acuerdo— se daba por descontado este desenlace.
Que Estados Unidos no confirme la extensión hoy no equivale a que el T-MEC desaparezca mañana. Ayer, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la regla: si no se concreta la ampliación por 16 años, el tratado entra en un proceso formal de revisión —que distinguió de una revisión automática cada año— pero conserva su vigencia hasta 2036, conforme al plazo original.
Cualquier modificación de fondo tendría que pasar por los congresos de los tres países, escenario que la propia mandataria calificó de poco probable.
México, dijo, ya cumplió su parte —firmó su postura, igual que Canadá— y ahora depende de la respuesta estadounidense. El jueves, Marcelo Ebrard dará el detalle completo en la mañanera pero la negociación sigue. Entre el 16 y el 20 de julio, una delegación encabezada por el representante comercial Jamieson Greer visitará México para continuar la revisión.
La entrevista que José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, concedió ayer a este diario retrata bien el cambio de énfasis. Para el organismo cúpula, lo relevante no es si la extensión se firma hoy o después: su expectativa es que el acuerdo para ampliarlo 16 años más llegue hasta después de las elecciones intermedias en Estados Unidos.
Mientras tanto, el CCE colaborará con el gobierno mexicano para acotar qué temas se someten a revisión cada año, de forma que el ejercicio no se vuelva una fuente permanente de fricción. El objetivo de fondo —compartido con el Business Roundtable, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Business Council de Canadá— es uno solo: que todo lo que cumpla reglas de origen mantenga arancel cero.
Medina Mora fue específico: la sección 232 golpea al sector automotriz, al acero, al aluminio y a los componentes, y ahí concentrará su cabildeo el sector privado mexicano. El CCE participa también en la revisión de la sección 301, que sustituyó a los aranceles que la Suprema Corte estadounidense declaró ilegales y que vencen este mes; ya presentó un escrito argumentando que no hay justificación para aplicarlos a México.
Su mejor carta sigue siendo la misma: México es el mercado número uno o dos para 26 estados de la Unión Americana y el principal socio comercial de Estados Unidos.
La lectura de la banca coincide en lo esencial. Banamex fija como escenario central revisiones periódicas que preservarían el marco vigente sin resolver la incertidumbre de fondo, con la posibilidad de que la definición se extienda hasta la campaña presidencial de 2028 en Estados Unidos; ese mismo análisis recuerda que México entra hoy a Estados Unidos con un arancel efectivo promedio de apenas 2.7 por ciento, frente al 29 por ciento que paga China, el verdadero diferencial competitivo que está en juego en la negociación de la 232.
Banorte coincide en que el riesgo real no es una ruptura, sino un entorno prolongado de incertidumbre, con ajustes sectoriales graduales y sin claridad definitiva antes del 3 de noviembre.
Lo que está sobre la mesa no es menor: el tratado cubre cerca de dos billones de dólares en comercio anual entre los tres países, y ambas instituciones anticipan que la incertidumbre seguirá pesando sobre la inversión fija y el tipo de cambio en los próximos meses.
El punto de partida de hace apenas unos meses —extensión o ruptura— ya no aplica. Lo que se anuncie hoy no será un cierre ni un quiebre, sino una hoja de ruta del modo en que continuará la negociación.
Ahí hay dos elementos que sí importan, más que la etiqueta de extensión: que el comunicado conjunto confirme que las reglas vigentes se mantienen sin disparar un proceso de ratificación legislativa, y que quede explícito el compromiso de seguir negociando la reducción o eliminación de los aranceles derivados de la 232.
Eso, y no el calendario, es lo que de verdad va a mover decisiones de inversión en lo que resta del año.