Hay cadenas de impactos económicos que no se ven hasta que ya es demasiado tarde para actuar. Una de ellas se está formando ahora mismo, con una acumulación de presiones sobre los precios de los fertilizantes a nivel global. No es un tema que domine los titulares. Pero quizás debería hacerlo.
Los fertilizantes nitrogenados —los más utilizados en la agricultura mundial— se producen a partir del gas natural. Su precio está estructuralmente atado al de los energéticos. Cuando el petróleo sube, usualmente el gas sube, y con él, los costos del amoniaco, la urea y el nitrato de amonio que alimentan los campos del mundo.
Desde el comienzo de la guerra, la urea y el amoniaco, bases para la producción de muchos fertilizantes, experimentan alzas de 15 a 30 por ciento.
El incremento deriva de la confluencia de varios factores que tensan esta cadena desde múltiples extremos al mismo tiempo.
El primero es la crisis en Medio Oriente. Los ataques a buques en el Mar Rojo han obligado a navieras a rodear el continente africano, añadiendo semanas de travesía y millones en costos operativos por viaje. Esto eleva fletes y seguros, que a su vez encarecen los insumos agrícolas en los países importadores.
El segundo es el petróleo mismo: la incertidumbre geopolítica ha impulsado la tendencia alcista, con efecto multiplicador sobre toda la cadena petroquímica.
El tercero, y quizás el más subestimado, es la fragmentación logística global. La pandemia dejó cicatrices en las cadenas de suministro que no han sanado. Hay escasez de contenedores, congestión portuaria y una industria naviera que sigue ajustando capacidad. Los fertilizantes, productos voluminosos y de bajo valor por tonelada, son especialmente vulnerables a los costos de flete.
¿Cuándo se traduce esto en escasez de alimentos? La respuesta está en los tiempos agrícolas, que son inflexibles. El agricultor que siembra en primavera necesita sus insumos meses antes. Si los fertilizantes son demasiado caros o no están disponibles, la respuesta racional es sembrar menos o sustituir cultivos. El impacto en la producción tarda entre seis y dieciocho meses en llegar al mercado. Pero cuando llega, el impacto es grande.
El mundo vio un anticipo entre 2021 y 2022, cuando la pospandemia y la guerra en Ucrania generaron una crisis alimentaria que golpeó con especial dureza a África subsahariana y partes de Asia.
Los precios del trigo, el maíz y el arroz se dispararon a niveles históricos. La inflación alimentaria se convirtió en amenaza de estabilidad política en decenas de países. Hoy el escenario comparte varias de esas condiciones estructurales, con la diferencia de que no hay un detonador único y obvio, sino una acumulación de presiones difusas que hace más difícil la respuesta coordinada.
Para México las implicaciones son de primera importancia.
El país importa aproximadamente el 70% de los fertilizantes que utiliza, principalmente de Rusia, China y Estados Unidos. Cualquier perturbación en esas cadenas —por precio, disponibilidad o logística— golpea directamente al campo mexicano.
La apuesta por Fertimex no ha dado los resultados esperados en escala ni en tiempo. La producción nacional sigue siendo marginal frente a las necesidades reales del sector, lo que deja al país en una vulnerabilidad estructural.
El efecto distributivo es especialmente preocupante. Los pequeños productores —la mayoría de las unidades agrícolas del país— son los menos capaces de absorber incrementos en el costo de los insumos.
No tienen coberturas financieras, su poder de negociación es mínimo y sus márgenes, estrechos. Cuando fertilizar una hectárea se encarece, muchos simplemente dejan de hacerlo, y la producción cae.
El resultado previsible, si las presiones se sostienen durante los próximos dos o tres ciclos agrícolas, es una reducción de la oferta interna de básicos que se sumaría a una inflación alimentaria importada.
Para una economía donde la canasta básica pesa de manera significativa en el presupuesto de los hogares de menores ingresos, eso no es un dato menor. Es una amenaza real al bienestar de millones de familias.
La política pública debería estar diseñando respuestas ahora: diversificación de proveedores, reservas estratégicas de insumos, subsidios focalizados para pequeños productores y una conversación seria sobre lo que significa la soberanía alimentaria cuando se depende del mundo para fertilizar los propios campos.
Esperemos que ya se esté trabajando en esos frentes.