A estas alturas del año ya resulta ocioso discutir el resultado económico de 2025.
Ya sabemos que el crecimiento del PIB fue de 0.4 por ciento en los tres primeros trimestres y que el mes de octubre apunta a ser de cero crecimiento.
En un escenario “optimista”, pensando que en noviembre y diciembre hubiera un crecimiento de 0.6 por ciento, terminaríamos el año con un promedio de 0.4 por ciento. En uno “pesimista”, con un crecimiento de 0 por ciento en cada mes restante de este año, la cifra sería de 0.3 por ciento. Como ve, no habría mayor diferencia.
Los señalamientos de AMLO en la administración pasada y de Claudia Sheinbaum en la actual no son los primeros en cuestionar la relevancia de las cifras del INEGI. En el sexenio de Enrique Peña Nieto también se alegó que la metodología del Instituto subestimaba el crecimiento.
El poder –cualquiera que sea– tiende a discrepar cuando los números no sustentan sus narrativas. Sin embargo, insistir en descalificar el PIB puede resultar contraproducente: es la métrica que usan inversionistas, calificadoras y organismos internacionales para evaluar riesgos y determinar flujos de capital.
Con todo, lo relevante ya no es el resultado de este año, cuyo margen para modificarse es mínimo. Además, la historia muestra que un primer año débil no es excepcional. Desde el inicio del sexenio de Zedillo hasta el de Sheinbaum, en tres administraciones el arranque fue negativo (Zedillo, Fox y AMLO). En otro caso (Peña Nieto), el crecimiento fue inferior a 1.5 por ciento, y solo en un sexenio, el de Calderón, el primer año superó el 2 por ciento. En ese marco, el 2025 no rompe ninguna regla histórica.
La pregunta central, entonces, no es por qué el 2025 creció tan poco, sino qué puede esperarse del segundo año de gobierno. El contraste con el pasado es ilustrativo. En 1996, el segundo de Zedillo, la economía repuntó 6.8 por ciento. Con Fox, la tasa pasó de negativa a un crecimiento débil, de 0.8 por ciento. Con Calderón, el segundo año marcó una expansión de 1.3 por ciento, menor al primero. Con Peña Nieto, el avance fue de 2.1 por ciento. López Obrador enfrentó un caso atípico: la pandemia, que dejó una caída histórica de 8.5 por ciento en 2020.
El desafío ahora es mayor. A la desaceleración global se suman factores domésticos bien identificados: la persistente debilidad de la inversión privada, cuyo nivel se mantiene por debajo de su potencial; la incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos; las controversias comerciales abiertas y las que se vislumbran rumbo a la revisión del T-MEC; y un entorno fiscal más estrecho debido al aumento del costo financiero de la deuda y a los requerimientos de gasto estructural. Son elementos que pueden limitar la capacidad de la economía para reactivarse en 2026.
La respuesta del gobierno no puede descansar en el argumento de que el PIB no refleja los logros sociales de la 4T. La reducción de la pobreza en 13 millones de personas es un avance real y relevante. Pero también es cierto que ese tipo de mejoras solo se sostienen con una economía capaz de crecer de manera sostenida.
Sin inversión, sin productividad y sin certidumbre jurídica, no hay base fiscal que soporte el impulso social en el mediano plazo. Y el mundo seguirá evaluando a México con la métrica estándar: crecimiento del PIB real.
Por ello, la insistencia en minimizar este indicador resultará insuficiente ante los mercados.
La credibilidad económica depende de señales claras, no de debates semánticos. Si el gobierno decide mantener diagnósticos complacientes o resistirse a ajustes institucionales y regulatorios, aun con un T-MEC relativamente despejado, las dudas internas seguirán frenando a la inversión y mantendrán al país atrapado en un crecimiento mediocre.
La circunstancia demanda seriedad. El desempeño del 2026 será el verdadero termómetro del gobierno y el indicador que definirá si el país tiene posibilidad de retomar una trayectoria de expansión o si, por el contrario, se asentará en un estancamiento crónico.
Lo relevante ahora no es el cierre de 2025, sino cuáles serán las tendencias económicas del año próximo. Hoy, el consenso marca una expectativa de crecimiento de 1.4 por ciento, apenas superior al crecimiento de la población.
Ojalá haya tiempo de ajustar las políticas públicas para aspirar a un mejor resultado.