El secretario de Hacienda, Edgar Amador, ratificó ante el Congreso la decisión política del gobierno de Claudia Sheinbaum: por lo pronto, no habrá reforma fiscal en México.
Esta semana, los economistas de BBVA, comandados por Carlos Serrano, actualizaron su perspectiva sobre México y señalaron el riesgo de que los bonos del gobierno mexicano pierdan el grado de inversión en los próximos años.
Esto significa que para México habría un alza significativa en los costos del crédito y probablemente una presión importante sobre el tipo de cambio.
¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen para considerar ese escenario?
La previsión de BBVA es un crecimiento cercano a 0.7% para 2025 y una mejora apenas moderada en 2026 para llegar a 1.0 por ciento.
Con un PIB que avanza poco, la recaudación no despega por sí sola y la consolidación fiscal en curso requiere de decisiones de política complicadas.
El tema aduanero es clave, pero hay dudas legítimas de que sea suficiente.
Otro dato para la perspectiva es la composición del gasto.
Tres rubros traen una inercia poderosa: pensiones, programas sociales y costo financiero de la deuda.
Las dos primeras partidas crecen por diseño institucional y por compromisos políticos explícitos; el costo financiero lo hace por condiciones de mercado y por el nivel de endeudamiento.
El resultado es un presupuesto con una fracción “flexible” cada vez menor, en el que los recortes fáciles prácticamente se agotaron.
La advertencia es sencilla: si el gasto comprometido sigue desplazando a la inversión y al mantenimiento, el crecimiento potencial se erosiona.
En ese caso, la consolidación fiscal no solo se dificulta.
Por eso, más que discutir si habrá o no reforma tributaria en el corto plazo —que no la habrá—, conviene poner a prueba el único camino que podría sostener la estabilidad sin cambiar impuestos: disciplina en el déficit, protección selectiva de la inversión pública, mejora consistente del cumplimiento tributario y una gestión más activa de activos e ingresos no tributarios.
Empecemos por la recaudación. Hay margen para elevar la eficiencia sin modificar leyes: auditorías más intensivas basadas en cruces masivos de datos, depuración de padrones, combate a la facturación falsa y mejor fiscalización en segmentos con históricas brechas de cumplimiento, como en aduanas.
Esta estrategia puede aportar entre uno y, con suerte, uno y medio puntos del PIB.
Sigue la repriorización del gasto. Blindar inversión y mantenimiento con criterios de multiplicador económico y retorno social alto es indispensable.
Dejar para después proyectos con baja rentabilidad y contener el gasto corriente improductivo.
Un presupuesto que protege lo productivo y ordena su ejecución por etapas manda una señal clara de compromiso fiscal.
El costo financiero merece un tratamiento específico. Con tasas reales todavía elevadas, amortiguar el pago de intereses depende de dos factores que sí están al alcance de la política: credibilidad y secuencia.
Un plan de consolidación plurianual creíble ayuda a reducir primas de riesgo.
Y una secuencia que ponga primero la eficiencia recaudatoria y el gasto productivo, y después los ajustes menos populares si los ingresos no llegan, evita decisiones desordenadas.
En este contexto, la comparecencia del secretario Édgar Amador aportó un elemento útil: reconocimiento del reto y disposición a construir una ruta de consolidación.
Si el crecimiento se desvía, si los ingresos no se materializan o si las tasas bajan menos, debe saberse de antemano qué se pospone, qué se recorta y qué se protege.
También importa el ambiente externo.
La economía global muestra un avance nada despreciable, pero con un comercio con más fricciones que en el pasado.
Para México, una eventual desaceleración de Estados Unidos o un aumento de barreras podría limitar las exportaciones y la recaudación asociada.
Por lo mismo, resulta estratégico acelerar medidas pro-crecimiento que amplíen la base gravable.
¿Es factible evitar el deterioro sin reforma fiscal?
Sí, pero el margen es estrecho.
El “paquete mínimo creíble” luce así: metas plurianuales de déficit y deuda con umbrales de alerta; blindaje de inversión y mantenimiento; programa agresivo de cumplimiento tributario con tableros trimestrales; reglas paramétricas hacia adelante en pensiones —sin tocar derechos adquiridos— y revisión de subsidios de baja eficacia; además de una agenda pro-inversión que ensanche la recaudación por la vía del crecimiento.
Las otras opciones serían la reforma fiscal o la crisis. Cuestión de elegir.