¿Por qué en la administración anterior no se logró la venta ni total ni parcial de Banamex por parte de Citi mientras que en este gobierno sí fue posible? Hay lecciones que son útiles en ese contraste.
Primera lección: las condiciones políticas importan tanto como las financieras.
El sexenio de López Obrador fijó una ruta con “recomendaciones” para que el banco regresara a manos nacionales, se evitaran despidos, se mantuviera en México el acervo cultural, y se estableció un derecho de veto para los posibles compradores.
Esa rigidez regulatoria y política, sumada al ruido por otros desencuentros del gobierno con Grupo México (recordemos el episodio ferroviario), terminó por congelar la negociación con Germán Larrea, que parecía encaminada.
Segunda lección: la estrategia de salida de Citi terminó mutando para adaptarse al entorno.
Tras descartar la venta directa, apostó por separar jurídicamente Banamex y preparar una colocación por etapas. Citi completó la separación operativa a finales de 2024 y fue preparando el camino para listar al banco gradualmente en México (y eventualmente en EU).
Ese rediseño acaba de tener su primer gran resultado.
Citi acordó vender 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo por unos 2 mil 300 millones de dólares, en una transacción que, además, lo anticipa como presidente del Consejo y que valúa al grupo en alrededor de 9 mil 200 millones de dólares.
La señal es clara: entra capital mexicano con reputación corporativa, se mantiene el ánimo de llevar el activo a bolsa y se manda un mensaje de gobernanza.
Tercera lección: el “costo país” de decisiones políticas es real, pero no eterno.
El tramo final del sexenio anterior impidió la transacción y dilató tiempos; el arranque del actual empieza a mostrar un ambiente menos hosco para el capital.
Aunque el gobierno actual proclama continuidad, en los hechos empiezan a darse diferencias importantes.
Una de ellas es en materia fiscal. El Paquete Económico 2026 plantea una reducción del déficit, para llevarlo a 4.1 por ciento del PIB. A algunos les gustaría más, pero la cifra no tiene nada que ver con el 5.7 por ciento de 2024.
Otra diferencia viene en energía. Pemex avanza –con tropiezos de comunicación, pero avanza– hacia contratos mixtos que permitan coinvertir con privados en campos seleccionados.
Sener autorizó ya 10 asignaciones bajo el nuevo esquema; el plan oficial habla de 21 proyectos en una primera etapa y metas de producción específicas hacia 2026.
Si se ejecuta bien, este mecanismo puede despresurizar a la petrolera y atraer inversión.
El caso Banamex marca otra diferencia.
¿Qué queda de esta experiencia? Que poner “candados” políticos puede complacer a la galería, pero a menudo encoge el universo de postores, baja la competencia y, paradójicamente, reduce el valor capturado por el vendedor. Todos pierden.
Que las operaciones con activos sistémicos –como un banco de esta escala– requieren certidumbre, reglas claras y tiempos predecibles. Y que, cuando el entorno mejora, las transacciones fluyen: la entrada de un empresario del éxito de Chico Pardo es un termómetro de ese cambio.
También queda claro que una consolidación fiscal creíble, aun modesta, ancla expectativas.
No resuelve por sí sola los dilemas del crecimiento, pero sí evita que el financiamiento público expulse al privado y que la tasa de descuento se dispare.
Hay otras diferencias importantes, pero aun sumadas, no son suficientes para garantizar el éxito de la política actual. Sin embargo, se pueden acercar más a él.
La historia de Banamex, en suma, enseña que en la economía, la política cuenta.
En 2023, los excesos en el tutelaje político y la fricción con un postor de gran calado hicieron inviable la venta directa. En 2025, con un tablero menos contaminado, se abre la puerta a un esquema de capital nacional reputado hoy y mercado público mañana.
Si el calendario acompaña y el apetito inversor se mantiene, 2026 podría ver la primera colocación de un porcentaje relevante del banco.
El panorama económico, conviene reiterarlo, no es sencillo: el crecimiento es modesto, la productividad sigue siendo el gran reto y Pemex demanda apoyos que compiten con otras prioridades.
Pero, la política económica muestra señales de cambio que importan: consolidación fiscal gradual, instrumentos para atraer inversión donde el Estado no alcanza y, en el frente financiero, una ruta de mercado para activos estratégicos.
En tiempos de incertidumbre, eso ya es una diferencia.