Se ha generado la impresión de que el actual gobierno está incurriendo en un gran endeudamiento, sobre todo a partir de la solicitud que aparece en la Ley de Ingresos y que alcanza el billón 472 mil 626 millones de pesos.
La cifra es la mayor que se ha solicitado en términos nominales y alimenta la percepción de que se está llevando a cabo una política de financiamiento público desbordada.
Sin embargo, cuando se analiza con mayor detenimiento el panorama de la deuda pública, las perspectivas cambian.
De acuerdo con los propios pronósticos de la Secretaría de Hacienda, la deuda —medida en su acepción más amplia, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público— cerrará 2026 en un nivel de 52.3 por ciento del PIB. Ese porcentaje es prácticamente el mismo que se registra hoy y, aunque se trata del nivel más alto de este siglo, no necesariamente implica que la presente administración esté incurriendo en excesos.
Conviene poner las cifras en perspectiva histórica. Con el nivel previsto para 2026, la administración de Claudia Sheinbaum habrá incrementado la deuda pública en apenas un punto del PIB respecto al nivel heredado, de 51.3 por ciento. En otras palabras, el saldo total crecerá en términos nominales, pero no en proporción significativa respecto al tamaño de la economía.
No fue lo mismo con el gobierno anterior. Cuando López Obrador llegó al poder en 2018, la deuda representaba 44.8 por ciento del PIB. Al cierre de su sexenio, el indicador había aumentado a 51.3 por ciento, un alza de 6.5 puntos. Lo más notable es que hasta 2023, el incremento acumulado era de solo 1.7 puntos, pero en 2024 se produjo un salto súbito de 4.8 puntos porcentuales en un solo año, un movimiento que difícilmente puede calificarse como prudente.
El repaso histórico confirma que la tendencia al alza viene de tiempo atrás. En la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda pasó de 37.2 a 44.8 por ciento del PIB, un aumento de 7.6 puntos.
Antes, en el sexenio de Felipe Calderón, el endeudamiento creció todavía más: de 28.7 por ciento en 2006 a 37.2 por ciento en 2012, es decir, un salto de 8.5 puntos.
En este caso, el argumento fue claro: se aplicó una política fiscal expansionista para enfrentar la crisis internacional de 2008–2009, cuando prácticamente todos los gobiernos del mundo se vieron obligados a endeudarse más para rescatar economías y sistemas financieros.
El contraste más notorio es el de Vicente Fox. Su sexenio fue el único en el que la deuda se redujo en términos relativos, al pasar de 30.6 por ciento en 2000 a 28.7 por ciento en 2006. A partir de entonces, y salvo esa excepción, las siguientes dos décadas estuvieron marcadas por un aumento casi continuo del endeudamiento, que acumuló 23.6 puntos porcentuales adicionales en veinte años.
No se trata de un fenómeno exclusivo de México. En casi todos los países emergentes, la deuda como porcentaje del PIB se elevó en este siglo, ya sea para financiar programas sociales, inversiones públicas o, en muchos casos, rescates financieros y políticas contracíclicas.
México, sin embargo, ha mantenido un nivel que, aunque elevado respecto a su propia historia, sigue siendo relativamente moderado frente a otras economías comparables de la región o frente a las naciones industrializadas que superan con frecuencia niveles de 80 o 100 por ciento del PIB.
Paradójicamente, y contra lo que sugiere la percepción extendida, si el gobierno actual cumple con la política establecida en los Criterios Generales de Política Económica, será la administración que menos incremente la deuda desde el sexenio de Fox. En ese escenario, el endeudamiento no rebasará el 52.3 por ciento del PIB, con lo cual la carga seguirá siendo alta en perspectiva histórica, pero estable.
La conclusión es evidente: la prudencia debe gobernar la política de deuda pública. Un manejo irresponsable puede hipotecar el futuro y comprometer la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, a la luz de la experiencia histórica y de las cifras disponibles, todo indica que la actual administración no se está excediendo en el endeudamiento. Muy distinto a lo que ocurrió durante el sexenio de AMLO y, en su momento, en otras administraciones que recurrieron de manera más agresiva al crédito público.