Porque las mujeres tienen el derecho a usar sin miedo el espacio público
Los legisladores franceses aprobaron el miércoles un proyecto de ley que amplía la definición penal de violación infantil y declara ilegal el acoso sexual en las calles, medidas que el gobierno describió como una señal de un cambio social profundo.
La nueva ley permite aplicar multas de entre 90 y 750 euros (1944 a 16207 pesos) por acoso de género en las calles y en el transporte público. Prohíbe los comentarios y el comportamiento sexual o sexista que sea degradante, humillante, intimidante, hostil u ofensivo.
Marlene Schiappa, ministra de igualdad de género, dijo estar convencida de que la medida servirá como “disuasorio”.
« La loi contre les violences sexistes et sexuelles vient d’être votée à l’unanimité. Merci aux parlementaires. Ce n’est pas une finalité mais le commencement d’une mise en œuvre résolue pour éradiquer les violences envers les femmes, un changement de société. » #BFMTV pic.twitter.com/FHRgnNnN7Q
— 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 1 de agosto de 2018
Un video de un hombre en el que golpea a una mujer después de que ella reaccionó a sonidos obscenos que él emitió mientras ella caminaba en París se difundió ampliamente en Francia esta semana. El fiscal capitalino abrió una investigación, pero el individuo captado en el video de vigilancia no ha sido arrestado.
Además, la legislación aprobada en la cámara baja del Parlamento clasifica las relaciones entre un adulto y un menor de 15 años como violación resultante de un “abuso de vulnerabilidad” si la víctima carecía de la capacidad para dar su consentimiento. Dependería del juez determinar si un niño es capaz de dar su consentimiento sexual o no.
La revisión se efectuó luego de casos recientes que desataron la indignación de la opinión pública. En ambos casos, las cortes fallaron que los hombres que sostuvieron relaciones sexuales con niñas de 11 años no podían ser enjuiciados por violación porque las autoridades no podían demostrar que hubo coerción.
El proyecto de ley también amplía el período antes de que prescriban los delitos sexuales, y permite enjuiciarlos durante 30 años en lugar de 20 después de que la presunta víctima cumpla 18 años.
