El gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, ambos de México, como parte de una medida que también incluye a tres grupos criminales y guerrilleros de Colombia y Ecuador.
La decisión quedó formalizada este jueves 22 de octubre mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial de Argentina, después de que la Oficina del Presidente adelantara el anuncio a través de un comunicado firmado por Milei.
Además de las dos organizaciones mexicanas, la disposición comprende a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, de Ecuador.
Las cinco agrupaciones serán incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el propósito de reforzar los mecanismos de prevención, detección e intercambio de información entre las autoridades argentinas y otros países.
La resolución, sustentada en informes reservados de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, advierte que la expansión territorial, capacidad operativa y diversificación de las actividades ilícitas de estos grupos representan riesgos para “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”.
En su comunicado, la administración de Milei describió al Cártel de Sinaloa como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”. También destacó que Estados Unidos figura entre los países que previamente lo designaron como organización terrorista.
Respecto de La Nueva Familia Michoacana, el gobierno argentino señaló que sus operaciones se concentran en “el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”.
Por otra parte, identificó a Los Tiguerones como un grupo involucrado en el “narcotráfico y sicariato” y considerado entre los más violentos de América Latina. A las FARC-EP y al ELN las calificó como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda”.
La medida se produce en medio del fortalecimiento de la cooperación antidrogas entre Argentina y Estados Unidos. A principios de octubre, Washington anunció la creación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en territorio argentino, acompañada de recursos superiores a 13 millones de dólares.
