La agencia antidrogas estadounidense pidió este jueves 25 de junio a la inspectoría interna del Departamento de Justicia investigar las denuncias de un informante, según las cuales agentes de la DEA permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México.
La solicitud se efectuó días después de que una investigación de The Associated Press hallara que los agentes vigilaron repetidamente -pero no incautaron— grandes cargamentos del opioide sintético, en un intento por construir casos penales de mayor envergadura entre 2023 y 2025.
En una carta enviada el jueves al inspector general del Departamento de Justicia, el administrador de la DEA, Terry Cole, escribió que es necesaria una investigación interna porque “las acusaciones han generado una atención pública significativa”.
Además añadió que han suscitado interrogantes sobre las decisiones operativas de la DEA, la supervisión por parte de los directivos, y la respuesta a las preocupaciones.
En un comunicado público, Cole señaló que su solicitud “no debe interpretarse como un reflejo de falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA, ni en las decisiones de investigación tomadas en este asunto”.
“Si se identifican mejoras, la DEA las implementará”, añadió. “Las instituciones sólidas se sostienen —no se debilitan— con una supervisión objetiva y la disposición a evaluar y mejorar de manera continua”.
Agentes actuales y antiguos de la DEA dijeron a la AP que la estrategia de dejar que los analgésicos falsificados “circulen” pone en riesgo la seguridad pública en un estado devastado por la epidemia de fentanilo, y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades de una droga que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.
La investigación de la AP citó a tres agentes actuales y antiguos y a registros gubernamentales, incluido un informe interno sobre una entrega de 74 mil pastillas en 2023 que la DEA observó mientras ocurría en un parque de casas móviles en Albuquerque.
Uno de esos agentes, David Howell, planteó por primera vez serias preocupaciones sobre esta estrategia en una denuncia interna en 2023. Siguió expresando sus objeciones internamente, y habló extensamente con la AP sobre lo que describió como una estrategia que “envenenó a nuestra comunidad para armar casos”.
En una declaración anterior a la AP, un portavoz de la DEA afirmó: “Las descripciones públicas que plantean que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos”.
La solicitud de la DEA sobre la investigación llega apenas un día después de que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidiera al fiscal general estatal que examinara si las acciones de la agencia violaron la ley del estado, un desafío extraordinario a una agencia federal en un momento en que el fentanilo sigue siendo una de las amenazas de salud pública más mortales de Estados Unidos.
“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó Lujan Grisham en un comunicado. “Que no haya dudas: la DEA sabía que la gente moriría si estas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México, y aun así la agencia dejó que ocurriera”.
El Departamento de Justicia expresó en un comunicado que acoge con beneplácito una alianza con los gobernantes de Nuevo México para mantener seguro al estado.
“Proteger al público requiere más que abordar transacciones individuales a medida que ocurren”, declaró en el texto. “Requiere identificar las fuentes de suministro, a las personas que dirigen la actividad criminal y a las organizaciones responsables de trasladar drogas peligrosas a nuestras comunidades”.
Por su parte, legisladores demócratas de Nuevo México enviaron a Cole una carta en la que le solicitan una sesión informativa sobre las tácticas de la DEA en el estado.
“Los habitantes de Nuevo México están pagando el precio de una epidemia de fentanilo que está destrozando familias y merecen respuestas”, expresó la representante federal Melanie Stansbury en un comunicado.
“En un momento en que las muertes por sobredosis siguen devastando a nuestro estado y comunidades, la DEA debería enfocarse en detener estas drogas antes de que lleguen a nuestras calles, punto”, finalizó.
