Perú atraviesa una nueva ola de protestas y tensión política tras la muerte de un manifestante durante una movilización que exigía la renuncia del presidente José Jerí y la derogación de leyes aprobadas en el Congreso, las cuales, según expertos, debilitan la lucha contra la delincuencia.
El mandatario, de 38 años, aseguró que no tiene intención de dimitir. “Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso”, declaró Jerí ante la prensa tras acudir al Parlamento, donde anunció que pedirá facultades para legislar en materia de seguridad.
La crisis se agudizó luego de que la Fiscalía peruana informó que investiga la muerte “por arma de fuego” de Eduardo Ruíz, cantante de hip hop de 32 años, ocurrida durante las protestas en Lima. Otro músico, Luis Reyes, de 28 años, resultó gravemente herido y permanece en coma inducido.
Videos difundidos por medios locales muestran el momento en que Ruíz cae al suelo tras un disparo, presuntamente realizado por un hombre que huía de manifestantes que lo acusaban de ser un policía vestido de civil. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que se utilizaran agentes encubiertos durante la jornada.
Durante las manifestaciones en Lima, integrantes de colectivos juveniles conocidos como Generación Z incendiaron una figura de cartón con forma de violín gigante frente al Congreso y lanzaron fuegos artificiales contra los cuerpos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos y perdigones.
La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 heridos, entre ellos 20 civiles y 80 policías. También se documentaron agresiones a periodistas: seis fueron alcanzados por perdigones y otros cuatro golpeados por agentes, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Las críticas hacia el nuevo mandatario se intensificaron por su pasado legislativo y por un caso judicial en su contra. Aunque la fiscalía archivó una investigación por presunta violación, las protestas retomaron el tema con consignas como “El violador es Jerí”.
Además, mientras fue congresista, votó a favor de seis leyes que, de acuerdo con especialistas, complican la persecución de delitos como la extorsión o el lavado de dinero.
El contexto es particularmente tenso: la criminalidad en Perú ha aumentado de forma sostenida. Los homicidios pasaron de 676 en 2017 a más de 2 mil en 2024, y las denuncias por extorsión se multiplicaron casi diez veces en los últimos cuatro años, según datos oficiales.
Las movilizaciones lideradas por jóvenes comenzaron hace un mes, inicialmente para exigir la eliminación de aportes obligatorios al sistema de pensiones. Aunque el Congreso cedió en esa demanda, las protestas escalaron hacia un reclamo más amplio: el rechazo al nuevo presidente y a las leyes que, consideran, favorecen la impunidad.
Mientras tanto, el país enfrenta un clima de incertidumbre política a menos de seis meses de las elecciones generales, en las que se renovarán el Congreso y la presidencia.
