Desde presuntos esquemas de sobornos para la obtención de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), hasta el uso de bancos mexicanos para supuesto lavado de dinero del narcotráfico, Estados Unidos tiene en la mira diferentes ilícitos que presuntamente se realizan en México.
Agencias como la DEA o el FBI tienen bajo la lupa actividades que reconocen como ilegales y a las cuales dan seguimiento, aunque involucre a instituciones y empresas a las que identifican y acusan públicamente.
En este renglón, en Nación321 hacemos un breve repaso por las ocasiones en las que autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones contra entes mexicanos por irregularidades detectadas.
“CORRUPCIÓN EN PEMEX”
Apenas este 11 de agosto, el FBI en Houston, emitió un comunicado en el que señaló que hay dos empresarios mexicanos involucrados en el delito de corrupción en una de las instituciones más importantes para México: la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con lo informado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), autoridades investigan a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, residentes en Texas.
De acuerdo con la acusación presentada en la Corte de Distrito del Sur de Texas, los mexicanos presuntamente sobornaron a funcionarios de Pemex —cuyos nombres no fueron revelados— para asegurar contratos por millones de dólares.
Así, Rovirosa, de 46 años de edad y residente en Woodlands, Texas; y Ávila, de 61 años, de Spring, Texas, enfrentan cargos por conspirar para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos entre 2019 y 2021.
De acuerdo con documentos judiciales, ambos habrían entregado al menos 150 mil dólares en pagos ilegales, incluyendo relojes y bolsos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, además de efectivo, a tres funcionarios de Pemex y PEP.
A cambio, las empresas vinculadas a Rovirosa y Ávila habrían asegurado y retenido contratos por al menos 2.5 millones de dólares.
“Aquellas ventajas impropias ayudaron a que compañías vinculadas con Rovirosa obtuvieran contratos con Pemex y PEP por al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, Rovirosa presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles”, detalló el Departamento de Justicia.
En caso de ser encontrados culpables, los hombres, quienes enfrentan solamente un cargo por prácticas extranjeras corruptas, enfrentarían hasta cinco años en prisión.
BANCOS VINCULADOS A LAVADO DE DINERO
El pasado miércoles 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre una investigación contra tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero resultado del tráfico ilícito de opioides.
Se trató de las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorgaron al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de los cárteles.
Como medida cautelar, se prohibió a las instituciones financieras de EU realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de alguna de estas firmas.
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, acuso el Departamento del Tesoro.
Dijo que las instituciones son “facilitadores financieros en el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El FinCEN determinó en un reporte que CIBanco es una preocupación principal en materia de lavado de dinero “en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
También acusó a CIBanco de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
El Departamento puso de ejemplo que, en 2023, un empleado de CIBanco facilitó conocimiento de causa la creación de una cuenta para presuntamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
En el caso de Intercam, también lo tachó de haber procesado transferencias de fondos en dólares para financiar la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes.
La FinCEN determinó que Vector también facilitó las actividades de lavado de dinero de los cárteles, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector.
Pese a estos señalamientos directos, el pasado 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los bancos y la casa de bolsa señalados.
Sheinbaum detalló que la Secretaría de Hacienda da seguimiento puntual al caso en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)y la Asociación de Bancos de México. Subrayó que lo prioritario es proteger los recursos de los ahorradores y fideicomisos involucrados.
HUACHICOL EMPRESARIAL
El llamado huachicol fiscal ha emergido como un fenómeno de preocupación en México, representando un riesgo significativo para la economía del país y la seguridad... y que además ha llamado la atención de autoridades de Estados Unidos.
En general, el término huachicol se refiere a la práctica del robo y contrabando de combustibles, principalmente gasolinas y diésel, en México.
Ahora, particularmente, el huachicol fiscal se refiere a la evasión de impuestos a través de la importación ilegal de combustibles. Esto se realiza mediante la creación de documentos falsos y la declaración de combustibles como otros productos que no están sujetos a impuestos, como aceites lubricantes.
Si bien es cierto que el huachicol no es un fenómeno nuevo, con el tiempo ha evolucionado a una industria compleja y diversificada.
Las tomas clandestinas, que Pemex estima en alrededor de 22 mil, permiten a los delincuentes acceder a los oleoductos y robar combustibles en cantidades significativas. En 2018, el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador implementó estrategias para combatir este delito, pero el fenómeno ha persistido y se ha intensificado.
Pero lejos de ser un tema superado, pese a los esfuerzos que presume el gobierno federal desde la pasada administración, la investigación sobre el huachicol fiscal ha adquirido un nuevo nivel de atención debido a la participación de Estados Unidos.
Y es que agencias como la DEA, el FBI y el HSI trabajan en conjunto con las autoridades mexicanas para desmantelar redes que operan en ambos países.
La interconexión entre los cárteles del narcotráfico y el contrabando de combustibles ha llevado a que este delito se considere una fuente significativa de financiamiento para actividades criminales.
Actualmente, según estimaciones de gobiernos de ambos países, el huachicol fiscal representa pérdidas de 200 millones de pesos por semana para el Estado mexicano, lo que equivale a aproximadamente 9 mil 200 millones de dólares anuales.
Este impacto económico no sólo afecta a las arcas públicas, sino también a la competitividad de las empresas legítimas que operan en el sector energético. La evasión fiscal y el contrabando generan un mercado negro que perjudica a la economía formal.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado los esfuerzos para combatir el huachicol fiscal, prometiendo llegar “hasta las últimas consecuencias”.
De momento, las investigaciones se centran en la detección de irregularidades en la importación de combustibles y la colaboración con Estados Unidos para abordar este problema de manera integral. Las acciones incluyen el desmantelamiento de redes de contrabando y la imposición de sanciones a quienes se vean involucrados.
Pero en Estados Unidos la situación va más allá, pues ha comenzado a tomar medidas más estrictas. La Casa Blanca ha sido enfática en que este contrabando de combustibles se ha erigido como un importante y codiciado motín para grupos del narcotráfico.
En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a diferentes empresas y personas por su participación directa en la red de huachicol, una acción que se repitió en mayo de este año, al llevar ante la justicia a más involucrados en el tema.
Por su parte, la DEA denunció en junio pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana son grupos que operan este tipo de delito bajo un sofisticado esquema de lavado de dinero.
“El contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual los carteles del narcotráfico financian sus redes. Se estima que México pierde decenas de miles de millones de dólares anuales en ingresos fiscales, a la vez que les cuesta a las compañías estadounidenses de petróleo y gas miles de millones de dólares anuales debido a la disminución de las importaciones y exportaciones de petróleo durante este mismo periodo”, dijo en el informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025.
En recientes operaciones, se han realizado detenciones de empresarios involucrados en el contrabando de combustibles, con el objetivo de desmantelar las redes que facilitan este delito.
RELACIÓN MADURO-CÁRTEL DE SINALOA
Recientemente, Estados Unidos consideró al presidente venezolano Nicolás Maduro no solo un gobernante autoritario, sino uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo” y “una amenaza a nuestra seguridad nacional”, según la fiscal general Pam Bondi.
Esta acusación ha llevado a que Washington elevara a un histórico monto de 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura, superando incluso la cifra que en su momento se ofreció por el terrorista Osama Bin Laden.
Washington acusa al mandatario sudamericano de utilizar al Cártel de Los Soles cártel para colaborar con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, este último asociado también a trata de personas, extorsión y explotación sexual.
El Departamento del Tesoro sancionó el 25 de julio pasado al Cártel de los Soles, al que calificó como “organización terrorista global”, asegurando que “el cartel de los Soles apoya a Tren de Aragua en su objetivo de utilizar la corriente de drogas ilegales como arma contra los Estados Unidos. Además, ha prestado apoyo al cartel de Sinaloa”.
La fiscal Bondi agregó que a Maduro le han sido incautados bienes por más de 700 millones de dólares, incluyendo aviones, vehículos y otros activos.
Pese a esto, el pasado 8 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en México no se tiene información de que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, tenga nexos con el Cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, tienen que sustentarse con pruebas.
“No hay ninguna parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con su opinión, bueno que estén vinculando a México, bueno Cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al precio, como decimos si tiene alguna prueba que la nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada”, detalló.
