El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado el viernes a 12 años de prisión por una jueza que lo halló culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un inédito fallo de primera instancia que podrá ser apelado por su defensa.
A su vez la magistrada Sandra Heredia le dio el beneficio de la prisión domiciliaria en reemplazo de la pena de cárcel, pese a que el abogado defensor del expresidente había solicitado que fuera dejado en libertad mientras se espera el fallo en segunda instancia de otro tribunal.
También lo inhabilitó por ocho años para el ejercicio de funciones públicas y le aplicó una multa por aproximadamente 776 mil dólares.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se declaró inocente durante el primer juicio a un expresidente colombiano y aseguró que nunca buscó sobornar testigos o engañar a la justicia, por lo que considera que su caso es una “persecución política”.
La jueza concluyó el lunes —cuando dio a conocer la sentencia pero sin la pena— que Uribe instigó a un abogado para manipular a tres exparamilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declararan a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del expresidente con esos grupos ilegales. Sin embargo, lo absolvió por un caso de soborno a una exfiscal condenada por corrupción.
Horas antes de la lectura de la sentencia Uribe escribió en la red social X que estaba preparando la argumentación para sustentar su apelación. Aseguró que en momentos de crisis hay que “pensar mucho más en la solución que en el problema”.
La fiscalía —que lo acusó en el proceso— había pedido una pena de nueve años, mientras la defensa solicitó que pudiera continuar defendiéndose en libertad mientras espera el fallo de segunda instancia.
El tribunal de segunda instancia tendrá plazo para emitir su fallo hasta principios de octubre, cuando el proceso penal prescribirá. El nuevo fallo podrá ser elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
