Reforma electoral de AMLO: Estos son los cambios propuestos y sus implicaciones

El presidente aseguró que la reforma garantizará la democracia en México sin actitudes partidistas tendenciosas
El presidente aseguró que la reforma garantizará la democracia en México sin actitudes partidistas tendenciosas
AMLO.El presidente aseguró que la reforma garantizará la democracia en México sin actitudes partidistas tendenciosas
Especial
Diana Delgado Cabañez
2022-03-30 |07:13 Hrs.Actualización07:12 Hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reforma electoral que garantice que no haya actitudes tendenciosas y se garantice la democracia en México.

De aplicarse, dicha propuesta modificaría la forma en la que se nombran a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, de acuerdo con expertos, esto eliminaría la autonomía y separación de poderes; además de que afectaría los principios electorales de imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad que deben existir en estos organismos garantes de la democracia.

EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó que el objetivo es que no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, “esto es que no haya consejeros, magistrados, que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales”, dijo.

El presidente explicó que para lograrlo propondrá modificaciones constitucionales para hacer que los ciudadanos sean quienes elijan a los consejeros y magistrados electorales a través del voto abierto y directo, con lo que, dijo, se vendrían abajo “los acuerdos cupulares”.

Aunque AMLO dijo que la propuesta se dará a conocer después del 10 de abril, cuando concluya la consulta de revocación de mandato, ya adelantó cómo sería la dinámica.

Los candidatos a magistrados y consejeros serían propuestos por los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta triada nombraría a 60 posibles consejeros y 60 posibles magistrados.

“Vamos a plantear la reforma para que haya una renovación, los tres poderes van a presentar a ciudadanos independientes e inobjetable honestidad, cada poder va a presentar  20 ciudadanos que  van a ser votados por la ciudadanía”.

De esta manera, los magistrados y consejeros serán nombrados de acuerdo al número de votos, guardando la equidad de género y quienes consigan el número más alto serán nombrados presidentes del INE y del TEPJF.

LOS RIESGOS DE LA PROPUESTA

De acuerdo con José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Salle, la propuesta del presidente trae consigo varios riesgos para la democracia y la confianza en las instituciones del país.

Explicó que el sistema republicano mexicano está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Los primeros dos son elegidos por vía ciudadana por voto directo del pueblo, pero el judicial tiene un sistema de nombramiento de sus integrantes donde participa el ejecutivo y legislativo federal al proponer y analizar los perfiles, por lo que consideró que los ciudadanos carecemos de los conocimientos para evaluar a quiénes podrían tener una "buena gestión" en el Tribunal.

"Los magistrados son expertos en derecho, tienen conocimiento especializado. No así para ser diputados, senadores o gobernadores, no es tan estricto el requisito académico, pero en en Tribunal sí se necesita, entonces qué elementos tenemos para elegir a los mejores candidatos, se supone que para eso tenemos al Ejecutivo y Legislativo porque son quienes deben tener mejores elementos para valorar los perfiles además de ser quienes nos representan como ciudadanos", dijo.

El especialista criticó que la sugerencia presidencial se basa en que el Tribunal echó para atrás el criterio para difundir propaganda gubernamental y argumenta que el poder Judicial se está imponiendo al Legislativo, cuando su postura es velar por el cumplimiento de las leyes que ya están establecidas. "El legislativo al igual que los ciudadanos debe ceñirse al sistema de leyes y si las violentan, para eso están los tribunales", acotó. 

Perdomo Galicia mencionó que otro de los riesgos es la politización de los magistrados y como la mayoría está incluida por actos de naturaleza política, entonces se afectaría al poder Judicial, cuando el objetivo es que no basen sus criterios legales en la política sino que estén ajustados a la ley.

"Entonces van a hacer campaña los ministros, van a realizar actos políticos y una vez que obtengan la mayoría ¿van a dejar de ser políticos? No, ¿verdad? Y se van a deber a sus mayorías y no a lo que marca la ley".

Asimismo, el experto mencionó que no solo el Tribunal estaría en riesgo pues para lograr la reforma electoral se deberá modificar la Constitución en el apartado del poder Judicial y eso abre la puerta a que los cambios lleguen a la Suprema Corte y que se busque que los ministros también sean votados.

PROVOCARÍA FALTA DE CONFIANZA

El maestro en Derecho José Perdomo, explicó que en INE es un órgano autónomo del Estado nacido para garantizar independencia, profesionalismo e imparcialidad, por lo que someter la selección de consejeros electorales al voto solo provocaría la politización y falta de confianza en quienes resulten electos.

"Si los elegimos a través del voto, no vamos a escogerlos como independientes a posturas políticas partidistas, entonces de qué manera van a hacer campaña, con qué recursos, quién va a arbitrar a los árbitros para hacer campaña", cuestionó el especialista.

También destacó que la propuesta de AMLO que aún no es oficial solo deja ver el encono, la falta de tacto y el desprecio por la  institución.

"El pueblo es el que más afectado se va a ver porque qué confianza vamos a tener de estos personajes elegidos que no tendrían independencia política, para eso ya está la representación de los partidos en el Instituto, ellos sí tienen una directriz a su proyecto partidista y está balanceado, pero el INE es autónomo y es precisamente eso lo que nos da la certeza de que se está cumpliendo la ley", dijo.

Pero a todo esto, ¿cómo se eligen actualmente estos cargos?

LOS MAGISTRADOS

El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y considerada "máxima" autoridad en materia electoral encargado de resolver cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales. Sus funciones las realiza a través de la Sala Superior y sus cinco Salas Regionales.

La Sala Superior es un órgano permanente integrado por siete magistrados electorales que permanecen en el cargo por un periodo improrrogable de nueve años. De acuerdo con el artículo 99 constitucional, estos son elegidos a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por las dos terceras partes del Senado o la Comisión Permanente del Congreso en temporada de recesos legislativos.  El presidente se elige entre los mismos magistrados que lo integran y dura cuatro años en el cargo.

“Los magistrados electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables”, indica la ley.

Respecto de las Salas Regionales, estas operan durante el periodo electoral federal y se ubican en las cabeceras de las circunscripciones electorales en las que se divide el país. Cada una se integra por tres magistrados que se eligen bajo el mismo proceso que la Sala Superior y duran en el cargo ocho años.

¿Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está integrado por un consejero presidente y diez consejeros electorales.

De acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el consejero presidente del Consejo General debe ser elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta pública.

Deben ser propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras.

En el apartado A, base V del artículo 41 constitucional, se especifica que “el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”.

El procedimiento consiste en una convocatoria pública, asimismo, la cámara baja designa un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas: tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6 de la Constitución.

Ellos serán los encargados de evaluar si los aspirantes cumplen los requisitos y se remite la información al Pleno de la Cámara en donde se llevará a cabo una votación o insaculación para concretar el proceso. De no llegar a un acuerdo, puede intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para 2020 se añadieron requisitos a la convocatoria como escribir un ensayo de 20 cuartillas sobre la función del INE y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta. Además, los postulados deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, estar inscritos en el Registro Nacional de Electores y tener credencial para votar. 

SE OPONEN A LA PROPUESTA DE AMLO

Los grupos parlamentarios del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado calificaron como una “puntada” y “ocurrencia”, el anuncio de López Obrador de que enviará una iniciativa de reforma electoral que incluye la renovación del Consejo General del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral.

De acuerdo con El Universal, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, advirtió que es inviable la propuesta del mandatario, ya que los magistrados electorales pertenecen a instituciones “contramayoritarias” por definición, especializadas, que no necesitan ir a un proceso de legitimación popular.

"Es un trabajo especializado, por eso se revisan las trayectorias, por eso se trata de que lleguen las y los mejores a esos espacios. No es un asunto de simpatías, de popularidad, es un trabajo especializado", dijo.

Senadores del PAN lamentaron la pretensión del Gobierno Federal al querer destituir a los consejeros y magistrados electorales y señalaron que esto revela el rostro autoritario de este gobierno, y advirtieron que no darán ni un voto a esta reforma.

"Esta obsesión por destruir al árbitro electoral lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario. No cuenta con nuestros votos porque el bloque opositor y el partido Acción Nacional seguirán defendiendo las instituciones y seguirán defendiendo al pueblo de México", señaló Kenia López.

Por su parte, el senador  Julen Rementería comentó que al presidente no le gusta cumplir con ninguna norma y lo que quiere es elegir a modo.

Hasta el momento, todo fue una mención del presidente López Obrador durante la conferencia mañanera, sin embargo, habrá que esperar a pasado el 10 de abril si se presenta esta nueva reforma electoral.