Una denuncia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por ello, el Consejo de la Judicatura determinó ampliar la competencia del Juzgado de Control Especializado en Cateos y órdenes de aprehensión en línea, proceso que garantiza el acceso a la justicia y previene la violencia de género.
Pero, ¿qué significa esto?
Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, explicó a Nación321 en qué consisten estos cambios y por qué son importantes.
Recalcó que este tipo de medidas sí inciden en una baja de violencia de género pues han visto reducciones significativas.
“Cuando la violencia de corte feminicida se atiende y ataca a tiempo se evita la muerte de mujeres por cuestiones de género. Se toman medidas a tiempo para que la violencia de corte feminicida no crezca y se pueda atajar este tipo de acciones desde su generación”, dijo.
Para el magistrado, lo primero y más importante es cortar la violencia que sufre la víctima y en eso radica la importancia de las medidas de protección.
¿Qué tipo de medidas son las que se otorgan?
Sodi Cuellar explicó que las medidas abarcan desde la prohibición de acercarse a la víctima, entrega inmediata de artículos personales de la víctima, hasta la separación del domicilio, pero no de la víctima, este es uno de los cambios más significativos.
“Esa es una modalidad que estamos haciendo, el agresor, aunque sea el propietario de la casa, es el que tiene que salir, no la víctima, porque estaríamos sacando de su entorno familiar y a quien estaríamos desprotegiendo más y revictimizando sería a la víctima”, explicó Sodi Cuellar.
Otras medidas de protección son la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos, así como la vigilancia en el domicilio de la víctima y protección policial de la víctima.
¿Cómo es el procedimiento?
La víctima tiene que acudir al Ministerio Público a levantar la denuncia y de inmediato son solicitadas las medidas de protección, las cuales, explica Sodi Cuellar, son otorgadas en un lapso de cuatro horas, la mitad del tiempo que toman normalmente.
El presidente del Tribunal explicó que se llegó a esta determinación debido al aumento de la violencia de género como violencia sexual, acoso o violencia familiar, situaciones que si no son atendidas en tiempo y forman pueden culminar en un feminicidio.
Para poder garantizar el acceso a la justicia de manera integral, todo el personal involucrado en esta área cuenta con una formación en materia de derechos humanos y perspectiva de género para poder identificar la problemática y brindar mayor ayuda a la víctima.
“Buscamos que la capacitación sea continua y permanente (...) para juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género implica conocer esas asimetrías que ponen en grado de mayor vulnerabilidad a la mujer por diferentes factores”.
El magistrado reconoció que por miedo o desconocimiento, las víctimas no realizan las denuncias, un problema con el que han estado luchando las autoridades; sin embargo dijo que en la medida en que se haga la denuncia, el problema podrá ser atacado.
“Una persona que está dispuesta a acudir al Ministerio Público a denunciar violencia familiar con todo lo que ello implica, de entrada se le debe dar pleno valor probatorio y credibilidad a su dicho porque está desesperada y tiene derecho a tener una autoridad que la defienda, que la proteja porque está en situación de vulnerabilidad, por eso es importante poner un freno, dar una medida de suspensión para evitar que la violencia feminicida crezca.
Al corte de este 9 de agosto, el Tribunal había concedido más de 260 medidas de protección. Los municipios de mayor incidencia son Tlalnepantla y Ecatepec.
