En una dinámica que contrasta con el usual silencio de los gobiernos anteriores, los mandatos encabezados por los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación, el de Andrés Manuel López Obrador y el de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se han caracterizado por salir a explicar, con información de primera mano, redes de corrupción que han generado graves daños al erario.
Más allá de las razones para difundir esta información, y de las especulaciones que ello genera, lo cierto es que conocer información verificada, desde las instituciones públicas, de seguridad y fiscalizadoras, ha permitido a la ciudadanía comprender de mejor manera la complejidad con la que se gestan entramados de corrupción, desfalco y robo a la Nación, además de exhibir que todo ello es posible con la imprescindible complicidad de funcionarios públicos.
Quizá la última gran revelación tiene que ver con lo ocurrido en el Instituto Nacional Electoral (INE), que enfrenta un escándalo por un presunto esquema de contratos irregulares, en el que habrían participado funcionarios y proveedores, mediante mecanismos ilegales.
En ese contexto, hoy en Nación321 te contamos sobre algunos de los ‘destapes’ de redes de corrupción que se han hecho desde el gobierno federal.
GUADALUPE TADDEI Y SU CONTRATISTA FAVORITO: EL CASO DEL INE
En una polémica inicialmente revelada por la prensa, el INE enfrenta desde hace varios días un serio escrutinio por la presunta emisión de contratos irregulares, para la compra de material electoral.
Todo se derivó de cuestionamientos a la relación entre la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y uno de los contratistas del Instituto, el señor José Alfredo Hernández Casillas.
Aunque al principio se dijo que José Alfredo era su chofer y que se le habían entregado contratos millonarios mediante una empresa a su nombre, el señalamiento sólo fue el inicio del destape de un esquema de malos manejos al interior del Instituto.
¿Por qué lo decimos? Resulta que, según lo revelado en la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Sheinbaum, José Alfredo y su hermano Reymundo Hernández Casillas forman parte de una red de colusión de compras electorales que nació hace 27 años.
La operación de esta red toca a funcionarios de diferentes tiempos y niveles: a la exconsejera Taddei, a hallegados al partido Morena, e incluso, según el gobierno federal, a otro extitular del INE, Lorenzo Córdova y hasta al recién creado partido político Somos.
¿Y cómo operaba? Aunque aún hay mucho que revelar, la Contraloría del INE ha salido a explicar que el esquema funcionaba mediante una especie de monopolio fraudulento, ya que aunque en la contratación de servicios electorales participaban ‘varias empresas’, estas estaban ligadas entre sí, simulando una falsa competencia y beneficiando por años a las mismas personas: los hermanos Hernández Casillas.
A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con “elementos de riesgo”, que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
EL ESCÁNDALO DE LA PRIMERA RED DE HUACHICOL FISCAL
El destape de una gran red de huachicol fiscal conmocionó y desató gran polémica en 2025, pues expuso la participación de personal de Aduanas e incluso de la Secretaría de Marina.
Según han contado las autoridades, aunque desde antes hubo sospechas y señalamientos al respecto, el mayor indicio de la operación de esta red fue un operativo hecho el 31 de marzo de 2025, en el que se consiguió el histórico decomiso de 10 millones de litros de diésel en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
¿Y donde estaba lo ilegal? De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los combustibles entraban al país por vía marítima y se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, a fin de evadir impuestos.
Debido a su modus operandi, la red funcionaba sí o sí con la participación de servidores públicos.
Una vez que el combustible pasaba sus trámites aduanales, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo, a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicios, como destino final o bien de lavar el dinero obtenido ilícitamente.
Otra táctica era la adulteración en volúmenes y muestras del producto.
HUACHICOL: EL ENTRAMADO QUE INVOLUCRÓ A ERNESTO RUFFO
El 16 de julio de 2026, la FGR detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, la red que presuntamente encabezaba introducía gasolina y diésel desde Texas, declarando sólo el 10% del volumen real transportado en carros tanque de ferrocarril.
Con esta actividad ilegal, se habría causado un daño al erario de más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
¿Y qué tenía que ver el exgobernador? Resulta que, según las indagatorias, la estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel, quien permanece en prisión domiciliaria, pero se dice inocente de estos señalamientos.
EL CASO DE BIRMEX
En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevó a su Mañanera del Pueblo el que pudo convertirse en el primer gran escándalo de corrupción en su gestión: una intentona de compra de medicamento a sobreprecio, por parte de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Exactamente el 10 de abril de ese año, explicó que “cinco o seis” funcionarios de Birmex fueron separados de sus cargos, luego de que se detectó un sobrepecio en la compra consolidada de medicamentos, misma que fue anulada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que estos funcionarios fueron sustituidos.
“Todos los que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente, con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo”, dijo.
Aunque como tal esto no implicó una extensa explicación de la operación de un entramado de corrupción, sí fue una exposición pública de una práctica ilegal que se ha cometido más de una vez en instituciones públicas para robar el dinero público.
EL DÍA QUE AMLO EXPUSO AL ‘CÁRTEL DE GARCÍA LUNA’
En múltiples ocasiones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, quien hoy cumple una sentencia en Estados Unidos por cinco delitos, entre ellos tres por conspiración para el tráfico de drogas y participación en una empresa criminal continuada.
Sin embargo, el 9 de febrero de 2023, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acudió a la conferencia mañanera y dio detalles de la red de corrupción mediante la cual García Luna desfalcó al erario mexicano, durante el sexenio del exmandatario Felipe Calderón
Detalló que la red criminal era para beneficio personal y de sus socios, pero que no dejaron de percibir ganancias en tanto García Luna dejó de ser funcionario, sino que, abarcó hasta el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según la UIF, bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de al menos 745.9 millones de dólares.
Ante ello, se informó que el gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano, la cual fue resuelta este 2026 a favor de la federación.
