La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los resultados de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, en la que destacó la presentación de 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de la actual gestión.
Asimismo, dio a conocer que se han abierto investigaciones sobre operaciones financieras y contrataciones públicas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la presentación ante la Cámara de Diputados, el auditor superior expuso una nueva estrategia de fiscalización que busca trascender la identificación de irregularidades administrativas para fortalecer las investigaciones, promover responsabilidades y contribuir a la recuperación de recursos públicos.
Y ¿de qué van las denuncias? Entre los resultados más relevantes, la ASF informó que presentó 40 denuncias durante los primeros seis meses de la actual administración.
De ellas, tres corresponden a investigaciones vinculadas con auditorías que todavía se encontraban en desarrollo, lo que refleja la decisión institucional de actuar cuando existen elementos suficientes, sin esperar necesariamente a la conclusión de todo el procedimiento de fiscalización.
Las denuncias están relacionadas con hallazgos sobre obras pagadas que no fueron ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y utilización de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
Adicionalmente, la ASF informó sobre 60 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mediante las cuales se da aviso a autoridades como el SAT y el IMSS sobre posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores contratados con recursos públicos.
La institución también reportó nueve denuncias penales relacionadas con prácticas de ‘coyotaje’, al reiterar que no cuenta con gestores, representantes particulares ni despachos autorizados para intervenir en sus procedimientos.
ASF PONE BAJO LUPA OPERACIONES EN EL INE POR MÁS DE 8 MIL 870
Uno de los casos expuestos corresponde al análisis de dos grupos empresariales que, entre 2014 y 2026, concentraron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos en contrataciones con distintos entes públicos, principalmente instituciones electorales.
De acuerdo con la información presentada, uno de los grupos acumuló operaciones por 6 mil 613.2 millones de pesos, mientras que el segundo registró 2 mil 257.1 millones.
Del total identificado, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales: 430 millones con el Instituto Nacional Electoral y 3 mil 360.3 millones con institutos electorales estatales.
La investigación analiza la evolución de la facturación de las empresas, sus operaciones entre sí, los vínculos comerciales y su participación en contrataciones públicas.
Estos montos corresponden a operaciones identificadas para su análisis y no constituyen, por sí mismos, recursos desviados o daño patrimonial acreditado.
LA UNAM BAJO LUPA POR SU EXAMEN VIRTUAL
Otro de los casos destacados corresponde a posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma tecnológica utilizada para la aplicación del examen de admisión de nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, de este año.
La investigación contempla la posible participación de servidores públicos relacionados con los procedimientos de contratación y administración del servicio.
Como parte de las diligencias, la ASF informó que, por primera vez en su historia, logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y servidores informáticos de una empresa prestadora de servicios, mediante un mecanismo jurídico destinado a preservar elementos de prueba fundamentales para la investigación.
EL CASO DE NUEVO LEÓN Y SINALOA
En el caso de Nuevo León, la ASF presentó un esquema de investigación sobre movimientos financieros entre empresas proveedoras del gobierno estatal, personas relacionadas con funcionarios, un despacho jurídico y operaciones vinculadas con bienes inmuebles.
La información expuesta incluye operaciones por miles de millones de pesos, entre ellas montos de 5 mil 851 millones de pesos asociados a una constructora y movimientos por 5 mil 154.6 millones hacia otra empresa.
El análisis busca esclarecer las relaciones entre particulares, servidores públicos y empresas contratistas, así como el destino de los recursos y posibles conflictos de interés.
En tanto, la ASF también presentó un caso relacionado con Sinaloa, donde se identificó un esquema de operaciones financieras que involucra contratos de obra pública adjudicados por entidades estatales y municipales a una constructora constituida por familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con la investigación, la empresa habría registrado depósitos superiores a los derivados de su actividad de obra pública y realizado transferencias entre cuentas propias. El esquema también identifica movimientos de recursos hacia dos personas físicas vinculadas con la empresa y posteriores pagos por millones de pesos a un exfuncionario del área de finanzas, registrados bajo el concepto de préstamo.
La investigación busca esclarecer el origen, destino y justificación de estas operaciones, así como posibles responsabilidades.
