Lo que fue anunciado como un decomiso histórico de combustible ilícito terminó por no serlo: la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles que la planta donde se aseguraron 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato tenía sus permisos en regla y que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte del combustible, no con las instalaciones de almacenamiento.
El reconocimiento contrasta con el anuncio que las autoridades hicieron en septiembre, cuando presentaron el operativo en San José Iturbide como uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos en México. Ahora, tras la revisión de la documentación, Sheinbaum descartó que se haya acreditado el esquema de huachicol que inicialmente se puso bajo sospecha.
Durante su conferencia matutina del 21 de octubre, la mandataria fue cuestionada directamente sobre si las investigaciones habían confirmado que se trataba de combustible ilegal. Su respuesta fue negativa, aunque remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informe con mayor detalle sobre las pesquisas.
La investigación quedó en manos de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que revisó la documentación para determinar la procedencia y propiedad del combustible.
Grupo Simsa, empresa vinculada con el almacenamiento, sostuvo que sus instalaciones contaban con los permisos necesarios y que únicamente recibía y resguardaba petrolíferos propiedad de compañías usuarias. Entre sus clientes figuran Pemex, Shell, ExxonMobil y Energas.
Las dudas sobre el caso aumentaron después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciara a finales de septiembre la separación de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato, debido a anomalías en el procedimiento.
García Harfuch cuestionó que el cateo se hubiera realizado dos semanas antes de que se difundiera el aseguramiento, sin que se hubiera completado la verificación de los documentos correspondientes.
