El Gobierno de México informó que entre enero y septiembre de 2026 recuperó 48 mil 411 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como resultado de las acciones contra el contrabando de combustibles, delito por el que también se reportan decenas de personas detenidas.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las investigaciones abarcan toda la cadena de suministro, desde quienes introducen ilegalmente los hidrocarburos al país hasta los encargados de distribuirlos y comercializarlos en estaciones de servicio.
La mandataria recordó que, tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas y las indagatorias posteriores, se identificó a distintos involucrados en operaciones de huachicol fiscal, entre ellos personas relacionadas con el caso que alcanzó a elementos de la Secretaría de Marina.
A partir de estas investigaciones, indicó, se han realizado detenciones, cancelaciones de registros federales de contribuyentes (RFC) y acciones contra gasolineras vinculadas con irregularidades.
Sheinbaum destacó que el contrabando de combustible perjudica a la población debido a los impuestos que el Estado deja de recaudar y que podrían destinarse a distintas necesidades públicas.
Se trata de un “trabajo muy intenso” entre las instituciones federales y la Fiscalía General de la República (FGR) “para poder, primero, sancionar a quienes se dedicaban al contrabando de combustibles, y, segundo, para evitar que siga sucediendo”, explicó.
Detectan irregularidades por más de 61 mil millones de pesos
La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que la revisión de facturas y registros de operaciones de 2025 permitió detectar diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible entre los volúmenes comprados, vendidos y declarados por las empresas.
Estas inconsistencias representan un monto estimado de 61 mil 700 millones de pesos, relacionado con el IEPS que dejó de pagarse durante ese periodo.
De acuerdo con el análisis, el 72% de las irregularidades se concentró en las empresas comercializadoras, mientras que otro 13% correspondió a los expendios o estaciones de servicio. El porcentaje restante se distribuyó entre los demás participantes del mercado.
Ante estos resultados, el Gobierno federal analiza modificaciones legales para limitar la intervención de intermediarios que compran y venden hidrocarburos sin disponer necesariamente de infraestructura propia para almacenarlos o transportarlos.
Entre las alternativas se encuentra permitir que los importadores comercialicen directamente con transportistas u otros integrantes de la cadena de suministro.
Vigilarán transporte y venta de combustibles con plataforma tecnológica
Como parte de las medidas para combatir el huachicol fiscal, la Secretaría de Energía puso en operación un centro de análisis y monitoreo que reúne información de 16 dependencias federales.
El sistema permite cruzar bases de datos fiscales, aduaneras, regulatorias y operativas para identificar diferencias entre los combustibles importados, transportados, comprados y vendidos.
Además, incorpora información sobre permisos y utiliza tecnología de posicionamiento global (GPS) para dar seguimiento a las unidades encargadas del traslado de hidrocarburos.
Con estos mecanismos, las autoridades buscan detectar operaciones irregulares, realizar inspecciones y, cuando corresponda, aplicar sanciones administrativas o presentar denuncias penales contra los responsables.
