Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, la relación con medios y periodistas ha estado marcada por una disputa recurrente: el derecho de los gobiernos a responder a informaciones que consideran falsas o tendenciosas frente al riesgo de que esa respuesta, desde el poder público, termine señalando, descalificando o incluso poniendo en riesgo trabajo periodístico.
Algunos de esos choques se quedaron en declaraciones públicas; otros llegaron a los tribunales o provocaron cuestionamientos de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
Cinco episodios, que te contamos en Nación321, permiten seguir esa tensión a lo largo de los últimos años. Aunque ocurrieron en momentos y circunstancias diferentes, en todos aparece una misma discusión: ¿cuál es el límite del gobierno ante una prensa crítica cuando considera que esta miente?
AMLO: LA CONFRONTACIÓN DESDE LA MAÑANERA Y EL DOXEO A UNA PERIODISTA
La relación entre López Obrador y la prensa estuvo marcada durante su sexenio por una confrontación pública prácticamente cotidiana. Desde Palacio Nacional, el entonces presidente cuestionaba a periodistas y medios a los que consideraba parte de intereses políticos o económicos contrarios a su gobierno.
En 2021 esa dinámica adquirió una estructura permanente con la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, encabezada por Ana Elizabeth García Vilchis. El gobierno la presentó como un mecanismo para combatir la desinformación y ejercer su derecho de réplica, pero sus críticos cuestionaron que una administración federal utilizara una plataforma oficial de gran alcance para atacar publicaciones, medios y comunicadores.
El problema planteado por sus detractores no era únicamente si una información era verdadera o falsa, sino la diferencia de poder entre quien publicaba la información y quien respondía desde la Presidencia.
Una revisión realizada por Verificado sobre las primeras emisiones de la sección analizó 236 afirmaciones factuales y encontró que 126 eran verdaderas, 93 engañosas y 17 falsas.
La confrontación alcanzó otro nivel en febrero de 2024, cuando López Obrador exhibió durante una mañanera el número telefónico de Natalie Kitroeff, entonces jefa de la corresponsalía de The New York Times en México.
La periodista había enviado una carta a funcionarios para solicitar la postura del gobierno antes de publicar una investigación sobre acusaciones relacionadas con personas cercanas al presidente y presuntos vínculos con grupos criminales.
López Obrador negó los señalamientos, pero además leyó públicamente información de contacto de la periodista. El episodio provocó críticas de organizaciones de prensa y de cientos de ciudadanos.
El Presidente defendió inicialmente la difusión del número y argumentó que la periodista había compartido sus datos con funcionarios. Posteriormente, YouTube retiró el video original de la conferencia y Presidencia difundió una versión editada.
LAYDA SANSORES LLEVA UN CONFLICTO A LOS TRIBUNALES
En Campeche, la confrontación con la prensa tomó una vía distinta: los tribunales.
El gobierno de Layda Sansores ha rechazado que supuestamente persiga periodistas y sostiene que las acciones legales emprendidas durante su administración respondieron a publicaciones que consideró calumniosas, difamatorias, misóginas o constitutivas de violencia política en razón de género.
Uno de los casos más polémicos es el del periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna. Sansores presentó denuncias en su contra por señalamientos relacionados con publicaciones del medio, mientras organizaciones y periodistas cuestionaron que los procedimientos judiciales pudieran utilizarse para inhibir la crítica.
El conflicto escaló en abril de 2025, cuando González Valdez fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Campeche y permaneció arrestado durante más de 36 horas. Posteriormente fue vinculado a proceso por acusaciones de incitación al odio y violencia contra la gobernadora.
La controversia aumentó cuando una jueza ordenó inicialmente el cierre del portal Tribuna y prohibió a González ejercer el periodismo durante dos años. El periodista también enfrentó un litigio por daño moral promovido por el director de Comunicación Social del gobierno estatal, con una condena de 2 millones de pesos.
Las medidas judiciales llegaron a afectar directamente la publicación de información sobre la gobernadora. El diario suspendió temporalmente contenidos relacionados con Sansores ante el temor de incumplir las restricciones impuestas.
Posteriormente, un tribunal federal consideró excesivas algunas de esas medidas y suspendió, entre otras, la prohibición para ejercer el periodismo y la suspensión de actividades del medio.
BRUGADA PIDE QUE NO SE HABLE...
En febrero de 2026, el debate llegó a la Ciudad de México, aunque con una propuesta de naturaleza distinta.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la posibilidad de alcanzar un “gran acuerdo” con los medios para “bajarle a la nota roja”. Su argumento fue que, mientras su administración reportaba reducciones en distintos delitos, la cobertura constante de homicidios, accidentes, robos y otros hechos violentos podía influir en la percepción de inseguridad de la población.
La propuesta generó cuestionamientos porque implicaba pedir a los medios modificar la cantidad de información dedicada a un tipo de hechos.
Brugada posteriormente rechazó que hubiera planteado censura o un pacto para ocultar información.
El 4 de febrero de 2026 aclaró su posición y sostuvo: “Ni pacto de silencio ni censura”.
SALOMÓN JARA Y LA AMENAZA DE UNA LISTA EN OAXACA
Meses después, en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz llevó la discusión nuevamente al terreno de las listas.
En julio de 2026 anunció que su administración elaboraría una relación de portales y medios a los que dejaría de responder o brindar atención institucional, bajo el argumento de que algunos mantenían una campaña permanente contra su gobierno.
La propuesta fue interpretada por periodistas y organizaciones como una amenaza de veto a medios críticos. El problema, señalaron, no era que el gobernador respondiera a una información que considerara incorrecta, sino que el gobierno identificara qué medios consideraba adversarios y modificara su relación institucional con ellos.
El episodio adquirió una dimensión todavía más delicada por la muerte del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, apenas un día después de que se reportara la intención del gobernador de elaborar esa lista.
Leyva había sido crítico del gobierno de Jara mediante su columna El zumbido del Moscardón y previamente había denunciado amenazas. En un video publicado en noviembre de 2025 dijo sentirse perseguido y responsabilizó públicamente a Jara, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al entonces consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, de lo que pudiera ocurrirle.
Jara rechazó cualquier relación con el homicidio y sostuvo que no existía elemento alguno que lo vinculara con el crimen.
La coincidencia temporal entre ambos hechos llevó a periodistas oaxaqueños a exigir que se investigaran las denuncias de hostigamiento y las posibles campañas de desprestigio contra comunicadores. El asesinato, sin embargo, no ha sido atribuido judicialmente al gobernador, por lo que ambas situaciones no pueden presentarse como si existiera una relación comprobada entre ellas.
Después del homicidio, Jara afirmó que la crítica forma parte de la vida democrática y que su gobierno debía respetar las opiniones de los medios, aunque fueran severas.
LUISA ALCALDE Y LA LISTA QUE... “NO LO ES”
La polémica más reciente ocurrió en agosto de 2026 y tiene como protagonista a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.
Durante el espacio gubernamental Derecho de Réplica, Alcalde presentó una gráfica sobre lo que describió como un “ecosistema digital” encargado de amplificar mensajes y narrativas contra la Cuarta Transformación.
La presentación incluyó nombres de periodistas, medios y figuras políticas. De acuerdo con los recuentos publicados sobre aquella exposición, aparecieron 41 periodistas y 13 medios, entre ellos Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Denise Dresser.
La gráfica fue bautizada por sus críticos como una “lista negra”.
Alcalde rechazó esa interpretación. Explicó que no se trataba de una relación de periodistas que el gobierno pretendiera censurar, sino de un análisis sobre la manera en que determinados contenidos circulan y son amplificados en redes sociales.
La funcionaria sostuvo que “no debería de molestar” aparecer en la presentación porque, según su explicación, no se estaba acusando a los periodistas de cometer algún delito ni buscando impedirles ejercer su profesión.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum inicialmente respaldó la exposición y rechazó que existiera una lista destinada a censurar periodistas. El 14 de agosto, sostuvo que no había una “lista de Sheinbaum” y defendió el objetivo de explicar cómo se amplifican determinadas narrativas digitales.
Pero el 18 de agosto modificó parcialmente el tono respecto a la exhibición de nombres. Ante la pregunta sobre si los periodistas debían volver a aparecer en futuras presentaciones, señaló: “Que ya no se digan estos nombres”.
La presidenta no retiró su respaldo al análisis sobre las redes digitales ni reconoció que hubiera existido una “lista negra”. Lo que cambió fue el criterio sobre exhibir individualmente a periodistas.
¿DISPUTA QUE NO CAMBIA DE FONDO?
Los cinco episodios muestran que la relación entre los gobiernos de la 4T y la prensa crítica no ha seguido un solo patrón.
En todos los casos, los funcionarios involucrados han rechazado que su intención sea censurar a la prensa. Sus argumentos han sido distintos: derecho de réplica, defensa del honor, combate a la desinformación, discusión sobre la cobertura de violencia o análisis de redes sociales.
Del otro lado, periodistas y organizaciones han señalado un riesgo común: que una respuesta oficial pueda pasar de la crítica a una publicación a la estigmatización del periodista que la realizó, particularmente cuando el señalamiento proviene de funcionarios que cuentan con recursos públicos, plataformas institucionales y capacidad para marcar la agenda.
Y esa disputa —entre el derecho del poder a responder y el derecho de la prensa a investigar y cuestionarlo— es la que, con diferentes protagonistas y bajo distintas formas, ha acompañado a la Cuarta Transformación desde su llegada al gobierno federal.
