La Fiscalía General de la República (FGR) destituyó a Óscar Langlet González como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, convirtiéndose en la segunda baja de un alto funcionario de la institución en menos de 48 horas.
De acuerdo con información publicada por Reforma, Langlet González fue removido después de negarse a archivar una carpeta de investigación por instrucción de sus superiores. Según fuentes federales, la solicitud de su renuncia ocurrió el pasado 29 de junio, cuando se reincorporaba a sus actividades tras someterse a una cirugía mayor.
La indagatoria que presuntamente se negó a cerrar llevaba abierta más de cinco años y estaría relacionada con Jesús Arturo Cuéllar Díaz, juez Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, Veracruz.
Langlet apenas había asumido el cargo el 1 de enero de este año, por lo que permaneció alrededor de seis meses al frente de la fiscalía especializada. Antes fue uno de los colaboradores más cercanos de Alejandro Gertz Manero, desempeñándose como coordinador de asesores y posteriormente como consejero jurídico de la FGR. También trabajó junto a la hoy ministra de la Suprema Corte, Sara Irene Herrerías, de quien es esposo.
Entre los asuntos bajo su responsabilidad se encontraban diversas investigaciones relacionadas con los presuntos desvíos de recursos de la llamada Estafa Maestra.
Su salida ocurre apenas unos días después de la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tras permanecer también poco más de seis meses en el cargo.
Lara presentó su dimisión por “motivos personales”, aunque, a diferencia de Langlet, abandonó la institución junto con su equipo de colaboradores. Durante su gestión encabezó investigaciones relevantes, entre ellas las relacionadas con las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Las dos salidas se producen en medio de un contexto de alta actividad dentro de la FGR. El pasado 8 de julio, la institución informó que investiga posibles violaciones graves cometidas por autoridades estadounidenses en torno al secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024.
En ese momento, la fiscal general Ernestina Godoy señaló que, de comprobarse que el FBI planeó y ejecutó la operación en territorio mexicano, se habrían cometido violaciones al derecho nacional e internacional. La FGR sostiene que el gobierno estadounidense incurrió en tres irregularidades, entre ellas negar, a través del entonces embajador Ken Salazar, la participación de agencias estadounidenses en el operativo y atribuir el traslado a un conflicto entre grupos criminales.
