La Secretaría de Economía salió este martes en defensa de la planta de amoniaco que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) construye en Topolobampo, Sinaloa, al asegurar que el proyecto es estratégico para la seguridad alimentaria y la soberanía económica del país, en medio de las críticas que ha enfrentado durante años por parte de organizaciones ambientalistas, pescadores y comunidades indígenas.
A través de un comunicado, la dependencia afirmó que la instalación permitirá reducir en más de 70% la importación de amoniaco, insumo utilizado para la fabricación de fertilizantes, y evitará que cada año salgan del país alrededor de 500 millones de dólares destinados a compras en el extranjero.
Según la Secretaría de Economía, actualmente México importa cerca del 80% del amoniaco que consume y, tan solo en 2024, adquirió en el exterior 3.7 millones de toneladas de fertilizantes.
“La planta de GPO en Topolobampo cambia esa ecuación. Con una capacidad de 800,000 toneladas anuales de amoniaco, va a reducir la dependencia de importaciones en más del 70%. Eso significa que 500 millones de dólares al año se quedan aquí, circulando en nuestra economía, generando empleos y fortaleciendo al campo”, sostuvo la dependencia.
El Gobierno federal argumentó que el proyecto forma parte del Plan México, cuya estrategia busca sustituir importaciones mediante el fortalecimiento de la producción nacional de insumos considerados esenciales para el sector agrícola.
Asimismo, destacó que la inversión permitirá impulsar el desarrollo industrial de Topolobampo, al aprovechar su infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera, además de atraer inversión extranjera y generar empleos en la región.
“No es exageración: se estima que cerca de la mitad de la población mundial se alimenta gracias a los fertilizantes derivados del amoniaco. Es decir, sin este químico, el mundo no tendría comida suficiente para todos. Por eso producirlo en México no es solo un asunto industrial: es una decisión de seguridad alimentaria y soberanía nacional”, señaló el comunicado.
Sin embargo, el proyecto continúa siendo uno de los más controvertidos del país. Desde su anuncio, organizaciones civiles, pescadores y comunidades indígenas mayo-yoreme han advertido sobre los posibles impactos ambientales en la Bahía de Ohuira, un humedal protegido por la Convención Ramsar, además de cuestionar los riesgos asociados al almacenamiento y manejo de amoniaco.
El caso también ha estado marcado por una larga disputa jurídica. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se vulneró el derecho de consulta de comunidades indígenas al autorizar inicialmente el proyecto sin ese procedimiento, por lo que ordenó realizar una consulta. Aunque posteriormente el Gobierno federal dio por cumplido ese requisito y respaldó la continuidad de la obra, diversos grupos opositores sostienen que persisten irregularidades en ese proceso y mantienen su rechazo a la planta.
Pese a esos señalamientos, la Secretaría de Economía insistió en que la instalación representa un proyecto estratégico para reducir la dependencia del exterior en la producción de fertilizantes y fortalecer la capacidad industrial del país.
