La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los señalamientos del excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa sobre la situación en Sinaloa y la relación con Estados Unidos, al acusarlo de asumir una postura de “juez” y recordar episodios de gobiernos pasados que, afirmó, sí permitieron injerencias extranjeras.
Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó las declaraciones del priista, quien —dijo— ha opinado en medios sobre la violencia en la entidad y la solicitud de extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“Fue gobernador de Sinaloa, y ahora él se pone como el juez de todos, a explicarle al pueblo de México qué difícil circunstancia vive Sinaloa; hay que recordarle el Pemexgate o hay que recordarle también que él dice en su propio libro que Zedillo se entregó a los Estados Unidos, y el argumento que pone es que el gobierno no le dio dinero para su campaña”, expresó.
En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que su gobierno no permitirá subordinación frente a Estados Unidos y que cualquier cooperación se dará en condiciones de igualdad. “No somos protectorado, no somos colonia, somos un país libre y soberano”, enfatizó.
Asimismo, retomó lo dicho por Labastida en torno al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, al señalar que la negociación de un préstamo por 40 mil millones de dólares con Estados Unidos evidenció injerencismo. “Labastida dice que como el gobierno no lo apoyó, no pudo ganar, pero que además el gobierno no lo apoyó porque Zedillo negoció 40 mil millones de dólares frente al voto popular, bueno, si eso no es injerencismo, que es injerencismo”, dijo.
También criticó la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al referirse al operativo ‘Rápido y furioso’ y a la presencia de agencias estadounidenses en territorio nacional. “Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA, pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama, entonces, para el llamado Rápido y furioso, bueno, si eso no es injerencismo, ¿entonces qué es?”, manifestó.
Sobre el caso Sinaloa, la presidenta explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra funcionarios mexicanos proviene de una oficina del Departamento de Justicia en Nueva York y no de una decisión integral del gobierno estadounidense. Indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República analizar las pruebas y determinar si existe sustento para proceder. “¿Dónde están las pruebas? Esa es la pregunta”, señaló.
Finalmente, reiteró que su administración actuará con base en la ley y la soberanía nacional. “Primero México, primero la soberanía. Y también justicia, pero con pruebas. No vamos a proteger a nadie, pero tampoco vamos a permitir injerencias”, concluyó.
