La detención de Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, y de César Alejandro ‘N’, ‘El Güero Conta’, no sólo marcó uno de los operativos más relevantes recientes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También reflejó la lógica que ha seguido el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, en su estrategia de seguridad: ejecutar golpes simultáneos a las estructuras de mando, financiamiento y operación territorial del crimen organizado.
Ambos detenidos representaban nodos distintos dentro de la organización. ‘El Jardinero’ era identificado como un operador con peso en la estructura armada y con proyección en la línea de sucesión tras la eventual caída de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, abatido hace un par de meses. ‘
‘El Güero Conta’, en cambio, operaba en el circuito financiero, encargado del lavado de dinero, adquisición de activos y sostenimiento logístico.
Su captura no fue inmediata ni fortuita. Formó parte de un proceso de inteligencia que se extendió por meses y que refleja un patrón que se repite en otros operativos que han marcado parte de este sexenio que está por cumplir 19 meses.
En ese contexto, en Nación321 te recordamos otros golpes al crimen:
OPERATIVO COMO PROCESO: INTELIGENCIA ANTES QUE FUERZA
En los expedientes de seguridad, la detención de un objetivo prioritario no comienza con un despliegue militar, sino con una anomalía: una comunicación que se interrumpe, un movimiento fuera de patrón, una ruta que cambia. A partir de ahí, agencias de inteligencia comienzan a reconstruir redes, vínculos y trayectorias.
El caso de ‘El Jardinero’ siguió esa lógica. Durante cerca de 19 meses, fuerzas federales mapearon al menos 45 ubicaciones vinculadas a su operación, analizaron rutas, identificaron contactos y estudiaron posibles escenarios de reacción.
De acuerdo con la versión del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, durante la conferencia de seguridad, “tras la muerte de ‘El Mencho’, ‘El Jardinero’ inició la movilización de personal, armamento y recursos con el objetivo de hacerse con poder de la organización delictiva”.
La fase final no sólo consistió en ubicarlo, sino en elegir el momento para atraparlo. En estos operativos, la decisión no es únicamente táctica, sino también política: intervenir demasiado pronto puede fallar; hacerlo tarde puede fortalecer al objetivo.
Cuando el despliegue ocurre, suele hacerse en horarios de baja movilidad, con rutas no evidentes y con el objetivo de reducir enfrentamientos. Sin embargo, el riesgo no termina con la captura.
Tras la detención de ‘El Jardinero’, la respuesta del CJNG no se hizo esperar. Bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a comercios. No se trata de reacciones improvisadas, sino de una lógica conocida dentro del crimen organizado: elevar el costo de la operación para el Estado.
En ese mismo contexto se concretó la captura de César Alejandro ‘N’, alias ‘El Güero Conta’, identificado como el principal operador financiero de la red encabezada por Audias ‘N’.
Su papel resultaba estratégico: coordinaba esquemas de lavado de dinero, adquisición de bienes y flujo de recursos que sostenían la operación criminal.
“Su detención debilita a la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante contra el narcotráfico”, señaló Morales Ángeles.
LA CAÍDA DE ‘EL MENCHO’: EL PUNTO DE QUIEBRE
La captura de ‘El Jardinero’ y de ‘El Güero Conta’ no se entiende sin un hecho previo: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales desplegaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, que terminó con su muerte tras resultar herido. Su caída —tras años como uno de los objetivos más buscados— desató una ola de violencia con bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos en varios estados.
Más que cerrar un ciclo, el operativo abrió una disputa interna. Sin un sucesor claro, el CJNG entró en un proceso de reacomodo, en el que figuras como ‘El Jardinero’ comenzaron a disputar el control de la organización, hasta su posterior captura.
En los días posteriores se registraron decenas de muertes, incluidos elementos de fuerzas de seguridad, mientras que reportes oficiales señalaron la muerte de al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional en el contexto de las acciones vinculadas al operativo. La respuesta del cártel se extendió a entidades como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, con ataques coordinados que obligaron a reforzar operativos y emitir alertas a la población.
FENTANILO: LA PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
Si la captura de líderes impacta la estructura de mando, los decomisos de drogas apuntan a la base económica del crimen. En Sinaloa, en diciembre del 2024, ocurrió uno de los operativos más relevantes permitió el aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo.
El decomiso —equivalente a cerca de 20 millones de dosis— no tiene precedentes en términos de volumen reciente y representa una afectación económica estimada en 8 mil millones de pesos.
Pero su importancia va más allá de lo cuantitativo. El fentanilo se ha convertido en el principal punto de presión de Estados Unidos hacia México, en un contexto donde la crisis de sobredosis ha escalado a niveles críticos.
Los operativos en este frente no sólo buscan decomisar droga, sino intervenir toda la cadena: laboratorios, precursores químicos, centros de almacenamiento y redes de distribución.
HUACHICOL FISCAL: EL CRIMEN QUE NO SE VE
A diferencia de los operativos visibles —detenciones, enfrentamientos, decomisos—, el huachicol fiscal representa una dimensión más compleja del crimen organizado.
El 19 de marzo de 2025, el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico expuso la escala de este fenómeno. Cerca de 10 millones de litros de diésel ingresaron al país bajo documentación falsa que los hacía pasar como “aditivos para aceites lubricantes”.
Esa era la ‘punta el iceberg’, pues lo que se reveló fue en realidad una red de huachicol fiscal, un esquema no implicaba ductos perforados ni robo directo, sino manipulación de sistemas aduanales y fiscales.
De acuerdo con una denuncia anónima integrada a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, un funcionario de Aduanas advirtió: “Ingresan semana tras semana... esos buques tienen compartimentos ocultos en donde guardan los arsenales de armamento bélico que ingresan a nuestro territorio mexicano”.
Las indagatorias apuntan a una red que combinaba transporte marítimo, logística terrestre y almacenamiento en bodegas. En ese entramado aparecen empresas fachada, funcionarios y mandos institucionales presuntamente vinculados al esquema.
En el mismo testimonio, incluido en el expediente judicial, se describe el posible traslado del armamento: “Por las noches llegan al puerto camionetas escoltadas, que se llevaban las armas que descargaban del mismo buque”.
El caso derivó en detenciones de empresarios, funcionarios aduanales y mandos de la Marina, incluidos los hermanos Farías Laguna. Uno de ellos fue capturado hace unos días en Argentina tras permanecer prófugo.
ESTRATEGIA Y SUS RESULTADOS
Los operativos recientes reflejan una línea de acción impulsada desde el gabinete de seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinado por el secretario Omar García Harfuch: golpear de manera simultánea las estructuras de mando, las finanzas y las redes logísticas del crimen organizado.
Bajo ese enfoque se han ejecutado detenciones de alto perfil, decomisos históricos y operaciones coordinadas en distintos estados, en una estrategia que combina inteligencia, despliegue territorial y cooperación interinstitucional.
Sin embargo, los propios resultados muestran los límites. Tras cada captura relevante, las organizaciones criminales activan mecanismos de reacción: disputas internas, reacomodos y, en algunos casos, episodios de violencia que obligan al Estado a responder de forma inmediata.
En ese escenario, el reto para el gobierno no se agota en concretar operativos, sino en sostener la presión y contener los efectos posteriores. La captura de ‘El Jardinero’ y ‘El Güero Conta’, junto con los aseguramientos de droga y el desmantelamiento de redes financieras, marcaron una estrategia activa, pero también un conflicto que sigue en evolución y cuyo desenlace aún no está definido.
