El ‘fracking’, o fracturación hidráulica, es una técnica para extraer gas y petróleo atrapados en rocas profundas bajo tierra.
Para hacerlo, las empresas perforan el subsuelo e inyectan millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a alta presión. Esto provoca pequeñas fracturas en la roca que liberan los hidrocarburos.
El método ha permitido a países como Estados Unidos aumentar de forma importante su producción energética, pero también es altamente polémico.
Sus críticos advierten que consume grandes cantidades de agua, puede contaminar acuíferos, liberar gases contaminantes e incluso provocar pequeños sismos. Sus defensores, en cambio, argumentan que es clave para garantizar el suministro de energía y reducir importaciones.
En México, el ‘fracking’ no ha sido visto desde una sola óptica. Cada gobierno ha tenido una postura distinta —y en algunos casos contradictoria— frente a esta tecnología.
Desde hace unos días el tema es tendencia debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto las puertas para que este método se implemente en México, pero no siempre ha sido así. Te contamos cuáles han sido las posturas de otros mandatarios:
FELIPE CALDERÓN: EL INICIO TÉCNICO
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el ‘fracking’ no fue un tema político central, pero sí comenzó a explorarse a nivel técnico.
Ante la caída en la producción petrolera —especialmente por el declive de Cantarell—, su gobierno impulsó estudios para identificar nuevas fuentes de energía. En ese contexto, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició proyectos piloto para explorar gas shale, particularmente en el norte del país.
Uno de los casos más representativos fue el pozo Emergente-1 en Coahuila, considerado uno de los primeros intentos formales de aplicar fracturación hidráulica en México.
Más que una política pública visible, el ‘fracking’ fue visto como una herramienta tecnológica dentro de una estrategia de diversificación energética.
ENRIQUE PEÑA NIETO: LA APERTURA CON LA REFORMA ENERGÉTICA
El tema tomó mayor relevancia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), especialmente con la Reforma Energética de 2013.
Aunque el ‘fracking’ no fue presentado de forma directa como eje de política, la reforma abrió la puerta a su desarrollo al permitir la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de hidrocarburos, incluidos los no convencionales.
El gobierno defendió este modelo con tres argumentos:
- Garantizar la seguridad energética
- Atraer inversión extranjera
- Modernizar el sector petrolero
Sin embargo, la apertura generó fuertes críticas. Organizaciones ambientalistas advirtieron sobre riesgos como el uso intensivo de agua, la contaminación de acuíferos y las afectaciones a comunidades.
El debate se trasladó a las calles, con protestas en estados como Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. Además, la reforma quedó marcada por controversias políticas, incluidas acusaciones de corrupción en su aprobación.
Al final del sexenio, el ‘fracking’ no se había expandido masivamente, pero el marco legal para hacerlo ya estaba establecido.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: RECHAZO EN DISCURSO, CONTINUIDAD EN LA PRÁCTICA
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el discurso cambió radicalmente. Desde campaña, el entonces candidato se posicionó en contra del ‘fracking’ por sus impactos ambientales.
Ya como presidente, afirmó: “no se utilizará ‘fracking’ para extraer petróleo ni gas” en México. Su estrategia energética se centró en fortalecer a Pemex, impulsar la refinación y reducir importaciones sin recurrir a esta técnica.
Sin embargo, en la práctica el panorama fue más complejo. Reportes de organizaciones civiles señalaron que continuaron algunas actividades relacionadas con fracturación hidráulica en campos petroleros, principalmente en proyectos ya existentes.
Además, aunque hubo iniciativas para prohibir el ‘fracking’, ninguna se concretó en una reforma legal definitiva.
El resultado fue una política intermedia: rechazo político abierto, pero sin una prohibición formal.
CLAUDIA SHEINBAUM: DEL RECHAZO AMBIENTALISTA A LA APERTURA CONDICIONADA
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una de las más observadas, precisamente por su perfil ambientalista.
Durante años —incluida su campaña presidencial— se manifestó en contra del ‘fracking’, señalando riesgos como el alto consumo de agua, la contaminación de acuíferos y el uso de químicos peligrosos.
Sin embargo, ya en la Presidencia, el contexto energético ha modificado el debate. México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales cerca de 6.8 mil millones son importados, principalmente desde Estados Unidos, donde el ‘fracking’ es ampliamente utilizado.
Esta dependencia ha llevado a su gobierno a reconsiderar la técnica.
A partir de 2025, la administración comenzó a plantear una apertura gradual, basada en nuevas tecnologías que —según el gobierno— serían menos contaminantes. Entre las propuestas están.
- Uso de agua reciclada o no potable
- Reducción de químicos
- Evaluación científica previa
La presidenta ha insistido en que no se busca replicar el modelo tradicional. “ese nosotros no lo queremos utilizar”, afirmó.
El objetivo, según ha explicado, es fortalecer la soberanía energética y aprovechar reservas estimadas de gas no convencional en regiones como Burgos, Tampico-Misantla y Sabinas-Burro-Picachos.
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
El ‘fracking’ se mantiene como uno de los temas más divisivos de la política energética en México.
Por un lado, especialistas señalan que podría ser clave para reducir la dependencia energética del país. Por otro, organizaciones ambientalistas advierten que sus impactos podrían ser irreversibles.
En este contexto, el reciente viraje del gobierno ha generado críticas de grupos como Greenpeace, que consideran que abrir la puerta a esta técnica contradice compromisos previos. La organización ha cuestionado que se plantee el uso de nuevas tecnologías bajo argumentos de menor impacto ambiental, al advertir que el ‘fracking’ arrastra antecedentes de afectaciones al territorio y al agua.
Además, ha puesto en duda que el desarrollo de estos proyectos cuente realmente con el consenso social necesario, al señalar que cualquier intento de implementación debería garantizar transparencia y la aceptación de las comunidades involucradas.
A lo largo de cuatro sexenios, la postura sobre el ‘fracking ‘ha transitado de la exploración técnica, a la apertura legal, al rechazo político y ahora a una posible reconfiguración bajo criterios “sustentables”.
El giro reciente reabre una discusión de fondo: cómo equilibrar la necesidad de energía con la protección del medio ambiente en un país cada vez más dependiente del gas importado.
