Tras más de una década de trabajos, retrasos y sobrecostos, el Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, inició operaciones al 100% el pasado 2 de febrero de 2026.
La inauguración total del sistema, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reavivó el debate sobre a qué gobierno corresponde realmente el mérito de una de las obras de transporte más ambiciosas del centro del país.
El proyecto no nació en la actual administración ni en la anterior. Su origen se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en 2013 se presentó formalmente el análisis costo-beneficio y, en junio de 2014, comenzaron las obras con la promesa de que estaría terminado en 2018.
La idea era conectar el Valle de Toluca con la Ciudad de México mediante un tren eléctrico de alta capacidad que redujera los tiempos de traslado en una de las zonas más saturadas del país.
Desde el inicio, el plan enfrentó complicaciones técnicas por su trazo en zonas urbanas densas, viaductos elevados y túneles en áreas montañosas como La Marquesa. A ello se sumaron conflictos por la liberación del derecho de vía y problemas de gestión.
Al cierre de su mandato, Peña Nieto reconoció que el proyecto no estaría listo y admitió los retrasos. “No lo voy a inaugurar porque no va a estar operativo cuando concluya mi Administración y por supuesto que tuvimos contratiempos en la realización de esta obra”, dijo entonces. Incluso señaló obstáculos administrativos: “Prácticamente, se vuelve una verdadera extorsión para permitir que un proyecto pueda realizarse”.
Aunque visible, la construcción no alcanzaba ni la mitad de avance al final de ese sexenio. El proyecto pasó así a la siguiente administración.
EL TURNO DE LA 4T PARA TERMINAR EL PROYECTO
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tren no fue prioridad en un primer momento, pero posteriormente se integró a su estrategia de recuperación de las vías férreas.
Su administración renegoció acuerdos con comunidades, liberó derechos de vía pendientes y reactivó los trabajos por etapas. En ese periodo se inauguraron cinco de las siete estaciones previstas originalmente, aunque quedó pendiente la conexión directa con la Ciudad de México.
El costo de la obra, sin embargo, se disparó. De una inversión inicial estimada en poco más de 38 mil millones de pesos, el gasto fue creciendo conforme cambiaban contratistas y se extendían los plazos. Informes de la Auditoría Superior de la Federación documentaron pagos en exceso y montos por aclarar, mientras que estimaciones finales ubican el costo total por encima de los 190 mil millones de pesos.
La conclusión llegó finalmente con Claudia Sheinbaum. En su gobierno se terminaron las estaciones faltantes, Vasco de Quiroga y Observatorio, lo que permitió la operación completa de los casi 58 kilómetros del sistema, con 18 de los 20 trenes previstos en circulación.
Con la apertura total, el trayecto puede realizarse en menos de una hora y los costos varían entre 15 y 100 pesos, según el tramo. Para miles de usuarios que diariamente se trasladan desde la periferia hacia la capital, el tren representa una alternativa largamente esperada.
Así, aunque el Tren Interurbano fue concebido durante el sexenio de Peña Nieto, su avance sustancial ocurrió con López Obrador y su conclusión quedó en manos de Sheinbaum. Más que pertenecer a un solo gobierno, El Insurgente se consolidó como una obra heredada, corregida y finalizada a lo largo de tres administraciones.
