Seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desparecieron en 2014 en el sur de México fueron mantenidos vivos por algunos días y luego se presume que fueron entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, reveló el viernes el gobierno.
Así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dijo en la conferencia presidencial matutina que una persona identificada como el “coronel José Rodríguez Pérez” fue el responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
Al presentar nuevamente a la prensa los detalles del informe de la Comisión de la Verdad, Encinas indicó que se “presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”, quien era comandante del Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones.
El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia de los seis estudiantes que estuvieron al menos cuatro días más con vida tras las detenciones masivas del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el mismo estado.
Luego de que Encinas diera a conocer la semana pasada el informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que iban desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
En esa oportunidad el Ministerio Público no precisó los nombres de los militares implicados en el caso. Pocos días después de los anuncios, la FGR detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien esta semana fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El caso, calificado recientemente por el actual gobierno mexicano como “crimen de Estado”, se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100 mil desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
En la audiencia de esta semana contra el exprocurador se vieron los entresijos de esa realidad. En ella la fiscalía describió una Procuraduría donde se falsificaban documentos para “cuadrar” la versión que convenía, funcionarios que grababan torturas en video -se desconoce con qué fin- e investigadores que manipulaban las escenas de los hechos.
Todo, insistió el Ministerio Público, bajo la supervisión de Murillo Karam, a quien acusan de urdir e inventar toda una verdad paralela sobre la desaparición de los jóvenes a través de torturas generalizadas y manipulación de pruebas para acallar el clamor social que había a fines de 2014 por la desaparición de los 43 estudiantes.
En los últimos años decenas de procesados por el caso Ayotzinapa han quedado en libertad porque las numerosas irregularidades procesales y torturas confirmadas invalidaron los procesos.
Pero no está claro si esta administración, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará dispuesta a llegar al fondo del asunto y uno de los problemas sigue siendo el acceso a documentos militares.
Mientras, la prioridad de los padres sigue siendo que se sepa la verdad. Así lo pidió una mamá al final de la audiencia del miércoles desde una sala contigua a la principal. Lo gritarán todo el viernes que, como cada día 26 desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, salen a marchar por las calles de la capital.
