Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, de acuerdo con el documento fechado el 2 de noviembre de 2026 y recibido por la dependencia un día después.
La salida de Espino ocurre en medio de la polémica que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) por señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, así como de la revisión de funcionarios cercanos a la expresidenta del organismo.
En su escrito, dirigido al Gobierno de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública, Espino señaló que su decisión obedecía a motivos personales.
“Por así convenir a mis intereses me permito presentar mi renuncia con carácter de irrevocable”, se lee en el documento, en el que también se separa de cualquier otro puesto, función o derecho que tuviera dentro de la administración estatal.
Además, manifestó que había recibido de conformidad las prestaciones laborales correspondientes y que no se reservaba acciones legales contra el gobierno estatal ni contra personas vinculadas con la administración.
Espino se desempeñó como secretaria ejecutiva del INE, cargo al que renunció el 9 de septiembre de 2026. En aquella ocasión, el organismo informó que su dimisión obedecía a motivos de salud y a la necesidad de procurar un equilibrio entre su vida profesional y personal.
Asumió el cargo a la dirección jurídica la Secretaría Pública de Chihuahua, tan sólo un mes después, el 17 de octubre de 2026. Después de 16 días de estar al frente del cargo, renunció este 2 de noviembre.
RENUNCIAS DE FUNCIONARIOS CERCANOS A TADDEI EN EL INE
El 3 de noviembre, el INE informó que sumaban 30 bajas de funcionarios vinculados con Guadalupe Taddei. De ellas, 17 correspondían a integrantes de la oficina de la expresidenta, además de diversas salidas de cargos directivos.
El instituto señaló que continuaba la revisión de la Junta General Ejecutiva, los puestos de primer nivel, las relaciones funcionales y los procesos de contratación que deban analizarse a partir de información pública reciente.
El organismo indicó que el procedimiento se desarrolla de manera colegiada y con criterios objetivos, conforme a la normatividad aplicable.
