La madrugada de este jueves 29 de octubre, una mujer trans de 34 años fue brutalmente asesinada al interior de una barbería del fraccionamiento Puertas de San Ignacio, en la ciudad de Durango.
La víctima recibió 16 heridas con un objeto punzocortante y su muerte provocó la indignación de colectivos y defensores de derechos de la comunidad LGBT+, que exigen justicia y que el crimen sea investigado como un posible transfeminicidio.
La víctima fue identificada como Scarlett Alvarado, o Jairo Iovane Alvarado González, originaria de Tayoltita, municipio de San Dimas, quien había llegado a la capital duranguense para buscar una mejor vida; se dedicaba al trabajo sexual, con contactos principalmente a través de medios digitales.
Los hechos ocurrieron en la barbería Shelby, ubicada en la calle Isla Ángel de la Guarda, donde fue detenido Erick Israel, de 25 años, trabajador del establecimiento y señalado como presunto responsable. Elementos de la Policía Municipal lo aseguraron en el lugar y posteriormente lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
El detenido habría declarado que sostuvo una discusión con la víctima y que durante un forcejeo utilizó unas tijeras para agredirla; de acuerdo a los colectivos el encuentro se originó por la solicitud de servicios sexuales y la discusión habría comenzado cuando el hombre advirtió que se trataba de una mujer trans.
Estas circunstancias forman parte de las investigaciones y deberán ser esclarecidas por la autoridad ministerial, particularmente para determinar si existió un móvil relacionado con la identidad de género de la víctima.
COLECTIVOS EXIGEN QUE CASO DE SCARLETT SEA INVESTIGADO COMO TRANSFEMINICIDIO
El asesinato provocó una reacción inmediata entre integrantes de la comunidad LGBT+ en Durango, quienes demandaron que la muerte de Jairo no sea tratada únicamente como un homicidio, sino que se investigue la posible existencia de un crimen motivado por prejuicios y violencia contra las mujeres trans.
Tadeo Campagne, director general de Casa Arcoíris y coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio en Durango, manifestó su indignación por la forma en que fue asesinada la joven y señaló que el caso vuelve a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población.
El activista explicó que la exigencia de justicia también responde a los riesgos que enfrentan las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, particularmente ante la falta de oportunidades laborales y de condiciones que les permitan desarrollar esta actividad con seguridad.
Campagne sostuvo que el trabajo sexual debe regularse para garantizar la protección de quienes lo ejercen y evitar que sean criminalizadas. Advirtió que las mujeres trans tienen opciones laborales limitadas y que, para muchas, esta actividad representa una de las pocas alternativas económicas disponibles.
También hizo un llamado a los medios de comunicación a respetar la identidad de la víctima y referirse a ella como mujer trans, incluso después de su muerte.
La exigencia central de Casa Arcoíris es que la Fiscalía investigue el asesinato como un posible transfeminicidio y como crimen de odio, además de que se esclarezcan las circunstancias de la agresión y se sancione al responsable.
Para el activista, el asesinato no puede separarse de la falta de avances legislativos en Durango. Señaló que desde hace años la comunidad LGBT+ ha impulsado reformas para reconocer jurídicamente la identidad de género y establecer sanciones específicas para los crímenes cometidos por odio o prejuicio, sin que hasta ahora se hayan concretado.
“Exigimos justicia y que se hagan las cosas de la manera correcta, que se investigue como un transfeminicidio, como un crimen de odio, porque estas iniciativas siguen en la congeladora en el Congreso de Durango”, expresó Campagne.
En el Colectivo hay impotencia y enojo porque la entidad todavía no cuenta con una figura penal específica para el transfeminicidio ni con una legislación integral que permita reconocer y sancionar de manera diferenciada los asesinatos motivados por la identidad de género.
La falta de estas disposiciones, genera obstáculos para visibilizar la violencia específica que enfrentan las personas trans y para que las investigaciones incorporen desde el inicio los elementos relacionados con posibles prejuicios, remarcó Campagne.
La exigencia de una Fiscalía especializada también forma parte de sus planteamientos, con personal capacitado para atender a las personas de la diversidad sexual, investigar las denuncias y evitar que la identidad de género sea ignorada o se convierta en un factor de discriminación institucional.
