La defensa del exfutbolista Omar Bravo Tordecillas no interpuso recursos judiciales contra la resolución en la que se le negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, por lo que se declaró la ejecutoria.
De esta forma, el exdeportista renunció al derecho que pudiera haber tenido para solicitar alguna revisión jurídica de su caso y seguirá en prisión hasta que se resuelva el fondo del juicio.
El proceso inició el 10 de octubre de 2025, después de que Omar Bravo fue detenido en un bar del andador 20 de Noviembre, en Zapopan, del que era cliente asiduo y donde era reconocido recurrentemente por los comensales.
Ahí se le ejecutó una orden de aprehensión emitida por el Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, aunque contaba con un amparo del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco.
Su defensor, Leobardo Treviño, depositó cinco mil pesos para protegerlo contra una orden de aprehensión o cualquier acto privativo de la libertad; sin embargo, fue detenido debido a que el amparo no impedía la ejecución de la orden en los términos en que fue concedido.
El considerado máximo goleador en la historia de las Chivas presuntamente se habría aprovechado reiteradamente de una adolescente, hija de su exesposa, a quien habría realizado tocamientos y proposiciones indecorosas cuando tenía 11 años de edad, en hechos que habrían ocurrido en 2019.
Actualmente se encuentra recluido en un área especial del complejo carcelario de Puente Grande, bajo resguardo de la Comisaría de Prisión Preventiva, donde también permanecen privados de la libertad algunos exfuncionarios y otros personajes.
Se le negaron dos amparos, pero en este último proceso, correspondiente al expediente 1150/2025 del Juzgado Séptimo de Distrito, tenía la posibilidad de interponer un recurso de revisión con la intención de buscar que pudiera enfrentar el juicio bajo la modalidad de prisión domiciliaria, por determinación de alguno de los cuatro tribunales colegiados de circuito en materia penal ubicados en Jalisco.
La sentencia que podría alcanzar, de acuerdo con el delito que se le imputa y según el Código Penal del Estado de Jalisco, podría ser de entre 5 y 10 años de prisión.
Declaraciones de la hermana del exfutbolista señalan que la denuncia estaría relacionada con conflictos personales y económicos con su expareja, derivados de un presunto préstamo de aproximadamente seis millones de pesos que no habría sido pagado. Además, sostuvo que, en los días en que presuntamente ocurrió la agresión contra la entonces menor de edad, Bravo se encontraba con su familia en Los Mochis, Sinaloa.
Ojo con un punto: cambié la frase que afirmaba que “los amparos no tienen efectos ante delitos graves”, porque jurídicamente es demasiado categórica. Para una nota informativa conviene precisar qué efectos tenía específicamente el amparo concedido antes de asegurar que la detención ocurrió por esa razón.
