La llamada ‘Ley Serrano’ es una reforma al Código Penal de San Luis Potosí impulsada por el diputado local Héctor Serrano Cortés, que fue aprobada por el Congreso estatal en noviembre de 2025.
La reforma creó el artículo 187 Ter y estableció sanciones para quienes utilicen inteligencia artificial con fines considerados ilícitos, como simular identidades, generar contenido falso o provocar alarma social.
Sobre el papel, la intención era combatir fenómenos como los deepfakes, la suplantación de identidad y la difusión de información manipulada mediante inteligencia artificial. Los defensores de la norma argumentan que México carecía de herramientas jurídicas para enfrentar el crecimiento de estas tecnologías y proteger a las personas de campañas de difamación digital.
Sin embargo, la legislación rápidamente se convirtió en una de las más controvertidas del país.
El origen político de la ley
La discusión comenzó después de que circularan videos atribuidos a presuntos integrantes del crimen organizado que acusaban al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de supuestos vínculos con grupos criminales.
El gobierno estatal sostuvo que esos materiales habían sido generados mediante inteligencia artificial y pidió una regulación más estricta sobre el uso de estas herramientas.
Poco después se presentó la iniciativa que terminaría siendo conocida popularmente como la ‘Ley Serrano’, en referencia a su principal impulsor político.
¿Por qué la consideran peligrosa?
El principal problema señalado por periodistas, abogados, académicos y organizaciones de derechos humanos es que la redacción de la reforma es considerada demasiado amplia y ambigua. Diversos colectivos sostienen que conceptos como “provocar alarma social”, “afectar la confianza en las instituciones” o “uso indebido de inteligencia artificial” pueden interpretarse de muchas maneras distintas.
Los críticos afirman que una legislación penal debe definir con precisión qué conductas constituyen un delito. De lo contrario, existe el riesgo de que se utilice para perseguir expresiones incómodas o críticas políticas.
Por esa razón, organizaciones como Artículo 19, además de agrupaciones periodísticas y defensores de derechos humanos, han exigido su derogación o una reforma profunda.
El caso que detonó la crisis
La polémica explotó cuando varias comunicadoras fueron investigadas e incluso encarceladas bajo acusaciones relacionadas con esta legislación.
Las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, vinculadas al portal Despertar San Luis 3.0, fueron procesadas tras la difusión de contenidos presuntamente elaborados con inteligencia artificial. Su detención generó una fuerte reacción nacional porque fueron las primeras personas procesadas bajo esta reforma.
El caso provocó pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la prensa, que advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.
La acusación más grave: censura política
La razón por la que la discusión se volvió nacional no fue solamente la inteligencia artificial.
Los críticos sostienen que la ‘Ley Serrano’ ha sido utilizada en un contexto político particularmente delicado para San Luis Potosí, donde ya se perfila la sucesión gubernamental de 2027. Diversas voces han acusado que la legislación podría emplearse para inhibir críticas contra el gobierno estatal y contra la senadora Ruth González Silva, quien es considerada una posible aspirante a la gubernatura.
Los defensores de la norma rechazan estas acusaciones y sostienen que la ley busca proteger a los ciudadanos frente al uso malicioso de la inteligencia artificial y no limitar la libertad de expresión.
La CNDH y el Congreso ya intervienen
La controversia ha llegado a tal nivel que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales.
Además, la presión social ha obligado al Congreso potosino a reabrir el debate. Apenas esta semana los legisladores decidieron posponer la revisión de la ‘Ley Serrano’ hasta septiembre de 2026 y anunciaron la realización de foros para discutir posibles modificaciones.
