Los Angeles Times dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente, por lo que les fueron retiradas sus visas.
“La medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México (Morena), que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países”, se lee en la publicación de este 3 de junio.
Indicó que a Durazo Montaño, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está siendo investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que a Villarreal Anaya se le señala como por contrabando de combustible.
Además, explicó que ambos se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual está reservado para personas que cooperan con las autoridades estadounidenses.
“En realidad, está diseñado para ser una herramienta para obtener información y pruebas”, declaró Vanda Brown, de la Brookings Institution, refiriéndose a dicho programa.
Por su parte, la vocera del gobierno de Sonora, Paloma Terán, negó que Alfonso Durazo esté bajo investigación. Señaló que el mandatario cuenta con su visa vigente.
Además, rechazó que Durazo Montaño haya sido notificado sobre alguna indagatoria en su contra por parte del gobierno estadounidense.
En tanto, la administración de Américo Villarreal desmintió que el gobernador de Tamaulipas esté bajo investigación.
“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado...Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.
Cabe recordar que en abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de la entidad de tener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Los 10 funcionarios sinaloenses fueron señalados por introducir de contrabando de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.