La Fiscalía del Estado de México informó que, en colaboración con autoridades federales y locales, aplicó durante 46 días el Operativo ‘Desconexión’ para irrumpir la estructura operativa, logística y financiera de grupos dedicados a la extorsión.
Autoridades señalaron que la recurrencia y gravedad de este tipo de delitos –cometida a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y otras aplicaciones de mensajería–, así como en los esquemas de “préstamos abusivos” que utilizan los call centers, evidencian un patrón sistemático de ilegalidad,
Tras el operativo fueron detenidas con orden de aprehensión y por delito flagrante, 102 personas investigadas, 25 de ellos de nacionalidad mexicana y 77 extranjeras; también quedaron asegurados 67 inmuebles tipo call centers, cinco ‘centrales de créstamo’, 14 “puntos de venta de estupefacientes” y 106 ‘Giros Negros’, de acuerdo con informes oficiales.
En la operación también participaron las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al igual que la Secretaría de Seguridad (SSEM) del Gobierno del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México.
Entre el 8 de julio de 2025, fecha del arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y hasta el 30 de marzo de 2026, la Fiscalía mexiquense recibió mil 84 denuncias por el delito de extorsión.
De ese total, 62% fueron cometidos de manera no presencial, es decir, bajo la modalidad conocida como “extorsión indirecta”.
Tras investigación, se logró establecer un reiterado modus operandi que relaciona la extorsión y la actividad de préstamos 'gota a gota' con el uso de unidades económicas formales o informales tipo ‘call centers’, así como ‘centrales de préstamo’, en donde se detectó la participación de ciudadanos extranjeros.
También se identificó que, para diversificar y enmascarar las ganancias producto de esta actividad ilícita, utilizan puntos de venta de estupefacientes y giros negros, “al articular redes criminales relacionadas con otros ilícitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero, distribución y comercialización de narcóticos, extracción de datos personales y suplantación de identidad”.
Agregaron que, bajo este contexto, la Mesa de Paz estatal articuló una operación coordinada con el propósito de irrumpir y desconectar la estructura operativa, logística y financiera en materia de extorsión indirecta.
A la fecha, 50 de los detenidos (20 colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos) se encuentran vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada; asimismo la Fiscalía estatal dio aviso a las autoridades migratorias para determinar la situación migratoria de los extranjeros, si son vinculadas a proceso o decretada su libertad con reservas de ley.
Autoridades judiciales del gobierno del Estado de México explicaron que, a partir de datos de investigación, se estableció que en los call centers intervenidos, se desarrollaban de manera total o parcial actividades ilícitas relacionadas con extorsiones, requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimiento fraudulento de productos, suplantación de instituciones financieras mediante llamadas telefónicas y uso de páginas web clonadas.
Desde estos lugares las víctimas eran manipuladas con prácticas engañosas y coberturas falsas que les permitían obtener información personal y de su entorno cercano, para posteriormente coaccionar e intimidar con el propósito de obtener un lucro.
A través de los medios tecnológicos a su disposición, dijo, tenían como práctica requerir el pago utilizando violencia sicológica bajo amenaza y coacción, sí la víctima no accedía a sus exigencias, le causaban daño físico o moral.
De manera recurrente suplantaban instituciones crediticias y financieras, en las que los involucrados fingían ser empleados de dichas entidades mediante páginas web bancarias clonadas, y llamadas masivas utilizaban un guion para alarmar a la víctima sobre falsos movimientos bancarios, a fin de que realizara transferencias bancarias o proporcionar datos confidenciales para el manejo de su cuenta.
Una vez obtenido el dinero, lo dispersaban de manera inmediata a otras cuentas. Lo mismo sucedía con supuestos premios y recepción de paquetería a favor de sus víctimas.
Por su parte, las centrales de préstamo aseguradas eran puntos no registrados de manera formal, en donde realizaban prácticas de usura al otorgar a las víctimas créditos en efectivo o especie a través de la entrega de electrodomésticos, celulares u otros artículos.
Para ello entregaban a la víctima información poco clara sobre los contratos, facturas y comprobantes fiscales, lo que les permitía, mediante esquemas de pago diarios o semanales, cobrar intereses superiores a las tasas permitidas.
Debido a los altos intereses moratorios, el deudor se veía imposibilitado de cubrir el capital e intereses, ante lo cual “grupos de golpeadores” acudían a sus domicilios o lugares de trabajo para intimidar, amenazar y agredir físicamente a la víctima y forzarla a pagar.
También se aseguraron Puntos de venta de droga utilizados para expandir las estructuras financieras y presencia territorial de los extorsionadores, además de generar a su conveniencia, la noción de pertenencia a organizaciones delictivas de mayor fuerza a manera de “manto protector”.
RESULTADOS
Se aseguraron 67 servidores informáticos, 2 mil 844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 277 CPUs, 404 teléfonos celulares, más de 3 mil chips de diversas compañías, 80 tokens de banca en línea, 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias, 5 armas de fuego, dosis de narcóticos, básculas grameras y numerario.
Entre otros indicios se aseguró documentación diversa con información personal, listados, recibos, comprobantes de domicilio, CURP, copias de INE, currículums vitae y datos financieros restringidos e información de clientes de tiendas departamentales, así como manuales, instructivos y guiones con conversaciones y mensajes intimidatorios o engañosos para obtener información, coaccionar y realizar cobros extorsivos, además de publicidad engañosa con ofrecimientos de préstamos, créditos y servicios, con los cuales se infiere que “enganchaban” a las víctimas.
