TOLUCA, Méx.- La indígena otomí Carmela Flores, originaria de la comunidad de Jiquipilco el Alto, municipio de Temoaya, Estado de México, inició un plantón indefinido afuera del Poder Judicial local, en el centro de Toluca, para exigir la liberación inmediata de su esposo, Tomás Gabriel Crisanto, a quien el 25 de marzo del 2025 le fue otorgada la amistía por un crimen que no cometió y que su propio sobrino lo deslindó ante las autoridades.
Hace 13 años, dijo la mujer otomí, su marido fue encarcelado injustamente en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde purga una sentencia de 44 años, de los que cumplió 13, acusado de un homicidio que no cometió en su natal Temoaya.
“Mi esposo ya tiene una amnistía y no le han dado su libertad, por eso estamos aquí”, indició afuera del Poder Judicial.
Refirió que la única imposición del juez que lleva el caso, fue el pago de 660 mil pesos por concepto de reparación del daño, de los cuales 300 mil pesos corrieron a cargo del Poder Judicial del Estado de México y ella juntó 360 mil pesos, por lo que tuvo que empeñar su casa.
“Y luego, con el apoyo de mis compañeras, quienes también nos ayudaron a recaudar ese dinero, nada más se pagó la reparación del daño porque era un requisito para que le dieran la amnistía”, denunció la señora Carmela Flores.
Recordó que el 16 de abril del año 2013, su esposo Tomás estaba en la comunidad de Entabi, en Temoaya, y que después de salir de su tienda de abarrotes, su cónyuge se subió a su camioneta y en camino a su casa se encontró a su sobrino menor de edad, quien le pidió un “aventón”.
“Se subió, pero vio a (unos) muchachos y (el sobrino) disparó desde la camioneta de mi esposo. Mi esposo no iba tomado, pero lamentablemente el menor de edad (llevaba el arma), fue todo lo que pasó y ahí mi esposo dijo que iba a ir a declarar porque no tuvo nada que ver”, confesó.
Entonces, acusó, le fabricaron su orden de aprehensión y se lo llevaron para Almoloya, de donde no ha salido. “Entregamos al muchacho porque sabíamos que él había disparado, él estaba en la Quinta del Bosque (tutelar para menores infractores), pero él ya salió”, expresó la mujer.
Acotó que su sobrino deslindó de toda responsabilidad a su tío; confesó que él mismo le disparó y al cumplir su sentencia, ya abandonó el tutelar para menores infractores ubicado en el municipio de Zinacantepec, en el Valle de Toluca.
Solo quedan Carmela y Tomás
Sobre la calle de Nicolás Bravo, en el centro de Toluca, la señora Carmela Flores recordó que, en el transcurso de estos últimos 13 años, su única hija de 26 años, perdió la vida a consecuencia de la leucemia, justo cuando cursaba en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la carrera de Derecho, porque quería ser abogada para sacar a su padre de la cárcel.
“Era nuestra única hija que teníamos y la injusticia te deja marcado para toda la vida, porque es algo que nunca voy a superar”, añadió.
La mujer vendió una camioneta y dos terrenos con tal de ver a su marido fuera de la cárcel: “él es un buen esposo, un buen ser humano y aquí estamos en la lucha hasta que él salga. Llevamos 33 años de casados, los dos somos otomíes, yo sé que mi esposo es inocente”.
Seguirá en el colectivo Haz Valer mi Libertad
Carmela Flores, originaria del municipio de Temoaya, sostuvo que posterior a la salida de Tomás Gabriel Crisanto, ella seguirá en el colectivo Haz Valer mi Libertad.
Con este colectivo conformado principalmente por mujeres que buscan la libertad de sus esposos, hijos o nietos encarcelados injustamente, la señora Carmela ha estado en marchas y plantones en el Palacio de Gobierno, también sobre la explanada de la Plaza de los Mártires, afuera del Poder Judicial y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.
