Los 40 adultos detenidos durante los actos de protesta registrados la noche del sábado en Guadalajara, Jalisco, fueron remitidos al complejo carcelario de Puente Grande, donde fueron puestos a disposición de un juez de control y oralidad.
Se trata de 35 hombres y cinco mujeres, a quienes se les imputa el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Además, siete de ellas enfrentarán cargos adicionales, ya que a tres se les acusa de daño a la propiedad, mientras que a otras cuatro se les señalan lesiones y agresiones en contra de representantes de la autoridad.
También se judicializa a cuatro adolescentes involucrados en los hechos, los cuales permanecen resguardados en un albergue y serán presentados este martes ante un juez especializado en justicia para menores.
Entrevistado, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, declaró que se trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la cuantificación de daños.
“Fueron puertas, ventanas, algunos mobiliarios en algunas oficinas, como atención ciudadana, que es la puerta de frente, a mano derecha, de Palacio de Gobierno. Esa oficina fue la más afectada. Una parte del museo también fue afectada, algunos muebles fueron afectados. Se quebraron vidrios, se intentaron quemar algunas cortinas, algunas se prendieron, y logramos contener el fuego”.
Fue enfático en que no se buscó reprimir a los manifestantes, y justificó que no había vallas en la Casa Jalisco, domicilio del Gobernador Pablo Lemus, y en Palacio de Gobierno, “cuando intentaron entrar a Palacio ya activamos los protocolos de resistencia, cuidando la integridad física de los manifestantes. Pero una vez que ingresaron a Palacio y empezaron a hacer destrozos sobre el mobiliario histórico que tiene el Palacio de Gobierno, fue cuando empezamos a detener gente”.
Denuncias ciudadanas
Cristina, la madre de Fernanda, una joven que fue detenida, asegura que fue objeto de una acción arbitraria, pues ella paseaba en bicicleta y se detuvo a grabar los hechos durante los disturbios, “se puso a filmar, entonces se la llevaron de hecho vimos que andaba en su bici, ella subió sus estados y ahí se ve y tenemos pruebas, pues de qué andaba en su bicicleta y ella no andaban en los disturbios”.
Agrega que su hija fue agredida, según constató una familiar que acudió a las instalaciones de la Fiscalía.
Otro caso es el de Ana Karen, esposa de Ángel Yael Andrade Hernández, quien fue detenido por haberse quitado la camisa para cubrir a su bebé, hija de ambos, debido a los efectos del gas que se lanzó a quienes cometieron las agresiones.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organismo de defensoría de derechos humanos, se pronuncia, y considera, de acuerdo a los testimonios y videos, “la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”.
La organización considera que se evidencia la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social.
