La jueza federal Sandra Adriana Carbajal Díaz, del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, negó la suspensión definitiva a los amparos interpuestos por Verónica Bermúdez Encalada y David Hernán Bermúdez Encalada, hijos del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, lo que implica que sus cuentas bancarias permanecerán congeladas por las autoridades.
Los bloqueos de las cuentas se remontan al 24 de julio de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó el congelamiento de activos vinculados a Bermúdez Requena, así como de empresas y familiares, bajo sospechas de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Está acción se realizó en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e incluyó también a una red de casinos relacionados con Humberto Bermúdez, hermano del llamado ‘Comandante H’ o ‘El Abuelo’.
Al exfuncionario estatal se le señala como la cabeza del grupo criminal ‘La Barredora’ que creció en administraciones pasadas con la protección de mandos de la Policía Estatal y desató una violenta disputa territorial contra otras células del crimen organizado.
Verónica y David solicitaron un amparo para obtener la liberación de sus bienes, pero la jueza determinó que no había elementos suficientes para conceder la medida cautelar solicitada.
La negativa se formalizó mediante el expediente 1508/2025, en el caso de David, en el que el juzgado estableció que “se niega la suspensión definitiva”.
En el caso de Verónica, la resolución sigue la misma línea: no se aceptó la solicitud de suspensión. Por otro lado, el amparo presentado por otra hija, Fabiola Bermúdez Encalada, fue admitido a trámite, aunque sin que ello suponga la liberación inmediata de sus bienes.
Su audiencia está programada para el 12 de diciembre, aunque podría recibir una resolución similar a la que obtuvieron sus hermanos.
Mientras tanto, Hernán Bermúdez, actualmente bajo proceso y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.
En su momento, se llamó a sí mismo un “perseguido político”, aunque las autoridades mantienen que las investigaciones en su contra se basan en indicios de operaciones ilícitas durante el tiempo que estuvo al frente de la SSPC.
