Las reacciones no se hicieron esperar luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó, este 18 de agosto, 45 constancias de mayoría a candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y juzgados de distrito, luego de que que el propio órgano electoral las había declarado como inelegibles.
La mayoría de estos futuros juzgadores vieron en vilo su constancia, por incumplir requisitos, la mayoría por no contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura o de 9 en la especialidad a la que se postularon.
Aunque el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de estas personas, el debate se encendió en la sesión del INE donde entregaron las constancias.
Por un lado, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, dijo a los próximos juzgadores que las críticas sobre los requisitos no les quitan el mérito de ser electos y les aclaró que quienes en este acto recibieron sus constancias de mayoría, “las reciben con el mismo valor jurídico y político, sin importar si fueron entregadas directamente tras el cómputo de votos o como resultado de una sentencia derivada de un medio de impugnación".
“Su elección no es menos legítima, ni menos válida, al contrario, representa la fortaleza de nuestras instituciones para corregir, garantizar y proteger la voluntad ciudadana” dijo.
Taddei Zavala añadió que el INE ha cumplido su deber con responsabilidad, con profesionalismo y con integridad, al garantizar un proceso electoral transparente, legal y confiable, “pero más allá de los procedimientos hemos defendido una idea, que la democracia es el único camino legítimo para construir el poder público y que ese camino debe ser cada vez más amplio, más incluyente y más justo”.
En contraparte la consejera Carla Humphrey criticó las lagunas legales en la Reforma Judicial y acusó vacíos en la metodología para comprobar que candidaturas de la Elección Judicial cumplieran con el promedio en licenciatura.
“Estamos entregando constancias sin conocer el cumplimiento de la ley en cada caso por parte de las candidaturas”, reclamó.
A su vez, el consejero Martín Faz recordó que, tras una sentencia previa de la Sala Superior, el INE dedicó semanas y recursos a verificar los requisitos de más de 800 juzgadores, algo que no estaba en sus funciones.
“Por las contradicciones expuestas, acato el acuerdo como obligación legal, pero no puedo avalar un acto que ignora la Constitución”, lanzó.
