La Cámara de Diputados aprobó este 11 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra. Del monto aprobado, 576 mil 631.9 millones de pesos corresponden al Ramo 11, destinado a Educación Pública.
Dentro de las asignaciones previstas para las principales instituciones de educación superior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contará con aproximadamente 56 mil 6 millones de pesos; el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 25 mil 195.5 millones, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con 10 mil 776.9 millones de pesos.
Estas cantidades representan aumentos nominales respecto a 2026, aunque en términos reales los incrementos son distintos: alrededor de 1% para la UNAM, 7.1% para el IPN y 3.5% para la UAM, de acuerdo con las cifras del documento presupuestario.
Sin embargo, la discusión sobre los recursos destinados a las universidades públicas coincide con un periodo de inconformidad en distintas comunidades estudiantiles.
Durante los últimos meses, alumnos de la UAM, la UNAM y previamente del IPN han denunciado deficiencias en infraestructura, falta de mantenimiento, problemas de seguridad, presuntos casos de violencia de género y opacidad en el manejo del dinero institucional.
En este contexto en Nación321, hacemos un reencuentro de las exigencias educativas que llegaron más allá de las instalaciones universitarias con movilizaciones en calles, avenidas y hasta sedes de autoridades educativas.
UAM: CINCO UNIDADES EN PARO Y CUESTIONAMIENTOS POR EL USO DE RECURSOS
La Universidad Autónoma Metropolitana enfrenta uno de los episodios más recientes. El movimiento estudiantil comenzó el 20 de octubre en la Unidad Iztapalapa y posteriormente se extendió a las otras cuatro sedes: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco.
Aunque cada unidad tiene demandas particulares, las inconformidades coinciden en la necesidad de mejorar las instalaciones, garantizar servicios básicos, transparentar el presupuesto y atender las necesidades académicas del alumnado.
En Iztapalapa, los estudiantes tomaron las instalaciones para exigir atención a las condiciones de la infraestructura, particularmente de la biblioteca y otros espacios académicos.
Entre los cuestionamientos también se encuentran las condiciones del edificio L de la biblioteca, cuya seguridad estructural fue objeto de revisión por parte de las autoridades.
El 23 de octubre, estudiantes de distintas unidades marcharon desde Xochimilco hacia la Rectoría General para exigir que se atendieran los pliegos petitorios, la conclusión de obras pendientes y mejoras en los servicios universitarios.
Los seis vehículos eléctricos que detonaron la polémica
No fue hasta que se dio a conocer la adquisición de seis vehículos eléctricos para dependencias de la Rectoría General que, se amplificó el descontento entre la población estudiantil.
De acuerdo con un comunicado del rector general, Gustavo Pacheco López, publicado el 2 de noviembre, las unidades fueron adquiridas durante el segundo trimestre de 2026 por un monto total de 4 millones 922 mil 390.02 pesos, lo que representa un costo promedio de aproximadamente 820 mil pesos por vehículo.
La adquisición provocó cuestionamientos entre estudiantes, quienes consideraron contradictorio que la institución destinara recursos a vehículos nuevos mientras persistían necesidades en sanitarios, infraestructura, equipamiento, becas y otros servicios básicos.
La Rectoría General defendió que la compra respondió a la necesidad de renovar un parque vehicular desgastado y que se realizó bajo criterios técnicos, financieros y ambientales.
Ante la polémica, se anunciaron tres medidas: iniciar la desincorporación de los seis vehículos y destinar los recursos obtenidos de su venta al programa de becas institucionales, suspender el Acuerdo 03/2026 para modificar sus criterios de adquisición, y revisar el Acuerdo 11/2024 para que los ahorros se reflejen en mejores servicios universitarios, como sanitarios, alimentación, actividades deportivas y bibliotecas.
Instalaciones, baños y servicios: las demandas que mantienen el paro
En Cuajimalpa, la asamblea estudiantil acordó el 23 de octubre iniciar un paro que posteriormente se convirtió en una suspensión solidaria vinculada a las decisiones de las cinco unidades.
El alumnado entregó su pliego petitorio el 1 de noviembre y las autoridades presentaron una respuesta institucional el día 4. En su comunicado del 7 de noviembre, la Rectoría reconoció las demandas para contar con instalaciones deportivas adecuadas y mejorar la zona de la Puerta 2.
La institución informó que había iniciado la rehabilitación integral del gimnasio, luego de detectar filtraciones y humedad. También señaló que estas obras se financiaron con subsidios federales de 2026 y que deben concluir antes del 31 de diciembre para evitar la devolución de los recursos.
En Lerma, el conflicto escaló durante noviembre. La Asamblea General Estudiantil anunció el 5 de noviembre un paro total por tiempo indefinido, después de rechazar la respuesta institucional al pliego petitorio.
Los estudiantes solicitaron un mecanismo para sistematizar las respuestas de las autoridades y establecer compromisos verificables. Las autoridades propusieron instalar mesas de trabajo el 10 de noviembre, pero el proceso de diálogo no quedó formalizado.
En Xochimilco, las demandas también avanzaron hacia la integración de un documento común. El 10 de noviembre, la Rectoría informó que recibió el Pliego Petitorio Unificado, elaborado por estudiantes de las 18 licenciaturas, los posgrados y los distintos servicios de la Unidad.
La institución se comprometió a entregar una respuesta por escrito a más tardar el 12 de noviembre a las 10:19 horas, con acciones, responsables, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento.
Trabajadores también salen a las calles
La inconformidad en la UAM también alcanzó al personal de la institución.
Este 11 de noviembre, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) marcharon desde la Unidad Xochimilco hacia la Rectoría General para exigir un presupuesto universitario transparente y responsable, además de expresar su respaldo al movimiento estudiantil.
La movilización se produjo después de que el sindicato acordara emplazar a huelga para la revisión salarial de 2027, con una demanda de incremento de 30%, así como por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo.
UNAM: DENUNCIAS DE ACOSO, PAROS EN PREPARATORIAS Y EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se registraron movilizaciones durante octubre y noviembre, principalmente en planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
Prepa 1: un mes de paro y diferencias sobre el diálogo
La Preparatoria 1, Gabino Barreda, permanece en paro desde el 6 de octubre, luego de que estudiantes denunciaran presuntos casos de acoso sexual y violencia de género, además de cuestionar la actuación de las autoridades del plantel.
Tras reuniones los días 12 y 14 de octubre, en las que se abordaron los 13 puntos de su pliego petitorio, las diferencias sobre el cumplimiento de los compromisos impidieron alcanzar un acuerdo.
El 28 de octubre, la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria convocó a una mesa de diálogo para el 3 de noviembre; sin embargo, los estudiantes exigieron que se realizara en las oficinas de la Dirección General y no dentro del plantel.
También cuestionaron que las respuestas institucionales carecieran de firmas y estuvieran incompletas. Ante la falta de avances, el 4 de noviembre bloquearon durante más de dos horas la estación Prepa 1 del Metrobús y la Glorieta de Vaqueritos.
Prepa 8: regreso a clases tras protestas por acoso
En la Preparatoria 8, Miguel E. Schulz, los estudiantes suspendieron actividades presenciales desde el 20 de octubre para denunciar presunto acoso sexual por parte de profesores y exigir investigaciones, sanciones, mayor seguridad y garantías de no represalias.
El 29 de octubre, tras una mesa de seguimiento, las autoridades acordaron mantener las clases en línea hasta el 8 de noviembre y reanudar las actividades presenciales el día 9.
Entre los compromisos también se incluyó la entrega de una carta de no represalias y la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.
El regreso a las aulas fue confirmado el 7 de noviembre, mientras que las partes acordaron mantener el seguimiento de las demandas en una nueva reunión programada para el 20 de noviembre.
FES Aragón y otras inconformidades
La FES Aragón también registró movilizaciones durante octubre. El 21 de ese mes, estudiantes acordaron un paro de 24 horas ante la inconformidad con las respuestas institucionales a su pliego petitorio.
Entre sus exigencias se encontraban mejoras en la infraestructura, mayor seguridad en los alrededores, atención al acoso escolar, apertura de la biblioteca, un comedor subsidiado, pago puntual a docentes y respeto al personal sindicalizado.
La protesta incluyó el cierre de Avenida Central, a la altura de Bosques de África, como medida para exigir atención a sus demandas.
Irregularidades en el examen de admisión
A las protestas por las condiciones de los planteles se sumó el conflicto a las anomalías detectadas en el examen de admisión a la licenciatura de 2026 aplicado en línea.
La polémica comenzó después de la publicación de los resultados, cuando se señalaron incrementos atípicos en los puntajes y posibles prácticas indebidas durante la evaluación, entre ellas la suplantación de identidad y la difusión anticipada de reactivos.
Ante las irregularidades, la UNAM suspendió temporalmente el proceso de inscripción y anunció una revisión técnica de los resultados.
La decisión provocó manifestaciones de aspirantes que habían sido seleccionados y exigieron que se respetaran los resultados obtenidos.
El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la creación de una comisión técnica para revisar el procedimiento. En septiembre, el informe de esa comisión identificó deficiencias en la planeación, la seguridad y la supervisión del examen, además de señalar que el contenido de la prueba había quedado expuesto, lo que incrementó las posibilidades de extracción y difusión de reactivos.
El documento también advirtió que la universidad debió prever protocolos para atender anomalías en los resultados antes de continuar con el proceso de asignación.
Sin embargo, la controversia dejó en evidencia las dificultades que enfrentó la institución para garantizar la confiabilidad de su proceso de selección.
IPN: MESES DE PARO, ACUSACIONES CONTRA LA DIRECCIÓN Y EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA
Las movilizaciones estudiantiles no comenzaron en fechas recientes, sino que también alcanzaron al Instituto Politécnico Nacional durante 2026. El conflicto se intensificó desde abril y se prolongó durante varios meses.
El 16 de abril, estudiantes de distintas escuelas irrumpieron en una transmisión de Canal Once para dar a conocer sus inconformidades y exigir la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval.
Entre sus señalamientos se encontraban presuntas irregularidades en el manejo de recursos, falta de transparencia en la administración y cuestionamientos al Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como deficiencias en infraestructura, laboratorios y materiales para las actividades académicas.
Durante mayo, las protestas se extendieron. Estudiantes marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas hacia la Secretaría de Gobernación y posteriormente bloquearon Paseo de la Reforma, donde entregaron un pliego petitorio con diez demandas centrales.
El 23 de mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acudió a las instalaciones para intentar establecer un diálogo con los estudiantes. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron de inmediato.
El 3 de junio, representantes de la SEP, Gobernación, Hacienda y el IPN entregaron avances de respuesta al pliego petitorio. Entre las medidas anunciadas estuvieron la prohibición de cuotas de inscripción y reinscripción que condicionaran el acceso o permanencia, la garantía de no represalias, la instalación de mesas de trabajo y el impulso a un mecanismo más participativo para definir a la dirección general.
Finalmente, el 8 de septiembre, el IPN informó que se levantaba el paro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y que las actividades académicas se reanudaban con la apertura total de las instalaciones. Las clases a distancia continuarían desde el 9 de septiembre para concluir el semestre 2026-2.
Aunque se alcanzó el regreso a las actividades, varias de las demandas planteadas durante el movimiento quedaron sujetas a procesos de seguimiento y negociación. La exigencia de sustituir al director general fue parte central de las protestas, pero no se tradujo en su renuncia durante el conflicto.
UAEM: MÁS DE 200 DÍAS DE PROTESTA POR FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA
Las inconformidades no se limitaron a las instituciones de la Ciudad de México.
Uno de los casos más graves se registró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde estudiantes y colectivas mantienen desde marzo de 2026 un movimiento para exigir medidas efectivas frente a la violencia contra las mujeres.
El 2 de marzo, después de la desaparición de las estudiantes Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, la comunidad universitaria comenzó una movilización que incluyó la toma del auditorio Emiliano Zapata, en el campus Chamilpa.
Los cuerpos de ambas jóvenes fueron localizados posteriormente, lo que profundizó la indignación entre estudiantes y colectivas feministas.
El movimiento continuó durante más de 200 días. Para septiembre, las estudiantes también denunciaban presuntas redes de trata y narcomenudeo dentro del campus, así como riesgos en los traslados y en las instalaciones universitarias.
El caso volvió a cobrar relevancia el 12 de septiembre, cuando fue asesinada Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM.
Su feminicidio provocó nuevas manifestaciones de estudiantes, quienes exigieron mayor seguridad, justicia y celeridad en las investigaciones.
El 17 de septiembre fue detenido Francisco Javier ‘N’, señalado como presunto responsable del feminicidio y vinculado a proceso un día después, se le impuso prisión preventiva oficiosa, con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Aunque hubo avances judiciales en el caso, las estudiantes han insistido en que se investiguen las fallas institucionales y se establezcan medidas que eviten nuevas agresiones.
