Con 96 votos a favor, el Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma que tiene como objetivo frenar el acoso telefónico comercial y fortalecer la protección de la privacidad de las y los consumidores en el país.
La propuesta de la senadora panista Mayuli Martínez, busca que las personas tengan mayor control sobre el uso de sus datos personales y puedan manifestar de manera efectiva su decisión de no recibir llamadas telefónicas con fines publicitarios, evitando que las empresas continúen contactándolas de manera insistente aun cuando ya expresaron su negativa.
Durante su intervención ante el Pleno, Mayuli Martínez destacó que entre las medidas contempladas se encuentra la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que podrán inscribirse gratuitamente las personas que no deseen recibir publicidad por llamadas telefónicas. Las empresas deberán consultar y respetar esta voluntad.
“Lo que busca atender y resolver es un problema social que creció de manera alarmante en nuestro país y es el acoso telefónico comercial”, dijo la legisladora panista sobre su iniciativa para reformar y adicionar los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La senadora explicó que uno de los principales objetivos es fortalecer la protección de las personas frente a la publicidad telefónica que reciben en contra de su voluntad. “Esta iniciativa lo que busca es proteger la privacidad de las y los consumidores.”
Martínez Simón señaló que las personas deben tener la posibilidad real de decir que no desean recibir este tipo de llamadas y que las empresas deben respetar esa decisión.
La reforma también busca evitar que las compañías evadan su responsabilidad argumentando que las llamadas fueron realizadas por terceros.
La legisladora quintanarroense destacó que se trata de una medida con un beneficio directo para la ciudadanía: “Se trata de una medida concreta y directamente útil para la ciudadanía”.
Esta disposición se incorpora al marco legal que ya prohíbe enviar publicidad a quienes hayan manifestado expresamente su voluntad de no recibirla o se encuentren inscritos en el registro correspondiente. Además, mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando la publicidad sea enviada a través de terceros.
El dictamen también incluye sanciones a las empresas que incumplan dichas prohibiciones relativas al uso de información con fines mercadotécnicos o publicitarios y a las comunicaciones comerciales no autorizadas.
En este sentido, el documento establece que las infracciones en las que incurran las empresas van de 56 mil 570 a poco más de dos millones 345 mil pesos, separando estas conductas del rango general de sanciones y elevando específicamente su monto mínimo; y para las demás infracciones comprendidas en el régimen general de sanciones, una multa de 733.04 a dos millones 345 mil 728 pesos.
