El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, para, entre otros puntos, aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.
Luego de una álgida discusión, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al pleno, donde legisladores oficialistas dieron el respaldo. 7
La Asamblea avaló el dictamen en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, así como una votación en lo particular con 86 mociones a favor y 41 en contra.
La reforma plantea mover toda la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028. En esa jornada se elegirían cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral,463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y más de 3 mil cargos judiciales locales en 25 estados del país.
Entre los cambios también se contempla reducir el número de candidaturas por cargo para facilitar el voto ciudadano, crear una comisión coordinadora entre los comités de evaluación de los tres poderes y simplificar las boletas electorales para que cada persona vote únicamente por un juez o magistrado por especialidad en su distrito judicial.
Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen fue remitido a los 31 Congresos de los estados y al Congreso de la Ciudad de México para su consideración.
¿QUÉ SE DIJO EN LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA PARA ADELANTAR LA ELECCIÓN JUDICIAL?
Durante la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, senadora de Morena, explicó que el propósito de aplazar la elección judicial hasta el 2028 tiene el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir que la ciudadanía tenga mayor participación y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo; se busca que el proceso tenga más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática.
Por el PAN, el senador Agustín Dorantes Lámbarri descalificó las modificaciones en materia judicial, al considerar que el gobierno intenta corregir errores de la reforma anterior, lo que refleja la improvisación que provocó la ausencia de filtros de integridad para los aspirantes a cargos judiciales, y que tuvo como resultado candidatas y candidatos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
