En el Senado de la República se aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
Esto representa un nuevo marco jurídico que homologa el tipo penal en todo el país, protege a las víctimas , sanciona también a servidores públicos que colabore en la comisión de ese ilícito e impone reglas precisas para impedir que en los reclusorios se utilicen celulares y otros dispositivos electrónicos.
En el pleno del senado, los legisladores votaron en lo general con 110 votos a favor, cero en contra y se devolvió a la Cámara de Diputados, con 21 cambios a 15 artículos y la inclusión de un artículo transitorio.
“La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”, recalcó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que se hicieron 20 cambios a 15 artículos de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados y la adición de un nuevo artículo transitorio.
“No hay duda hoy que se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito:
Se trata, recalcó, del tercero de mayor incidencia en el país, “que además de afectaciones al patrimonio de las personas, causa también daños de carácter moral, físico o psicológico”.
Un delito, insistió el senador Corral, “que además impregna de desánimo a la sociedad y genera enorme impotencia y frustración a las víctimas directas cuando no se castiga ejemplarmente o lo que es peor, cuando queda impune y además se conoce de complicidades u omisiones en el actuar de la autoridad”.
La ley impone reglas precisas y estrictas a la operación de centros penitenciarios, recalcó, “porque reconocemos una realidad innegable, muchas extorsiones se originan desde las cárceles. Por ello, se generan los mecanismos e instrumentos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y asegurar que los penales sean espacios de control y de readaptación social, no de operación criminal”
Los centros de readaptación tendrán un plazo de seis meses, luego de promulgada la ley, para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen”.
Además de ello, los reos ya no podrán contar con dispositivos electrónicos en los penales y de lo contrario se les sancionará con una pena de 6 a 12 años, que se aplicará también a los funcionarios y demás personal de los centros carcelarios que permitan la entrada de celulares y demás dispositivos.
La minuta cambió la penalidad para el tipo penal único que habían establecidos los diputados, de hasta 15 años y la elevó a 25, con agravantes que llegan hasta 42 años para quienes extorsionen desde los centros penitenciarios.
“Se establece un marco jurídico uniforme que permita combatir eficazmente el delito de extorsión en todo el territorio nacional, al configurar una definición que integre todos los elementos del tipo penal a la luz de la evolución de esta conducta ilícita”, recalcó el senador Inzunza.
Agregó que se uniformó también la obligación de contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión”.
