La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa presentada por el Ejecutivo federal con el objetivo de homologar el tipo penal y las sanciones por este delito en todo el país.
Con 456 votos a favor, los legisladores avalaron en lo general la propuesta que establece penas de seis a 15 años de prisión, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años si se configuran agravantes, de las cuales se enlistaron 34 en tres categorías. Además, el delito será perseguido de oficio e imprescriptible, según el dictamen.
Durante la discusión, la oposición advirtió que la reforma podría tener un efecto contrario en al menos seis entidades —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo—, donde actualmente la sanción mínima es de siete años, por lo que en caso de no haber agravantes, las penas podrían reducirse.
El priista César Alejandro Domínguez advirtió que la medida podría permitir la salida de personas ya sentenciadas. En el mismo sentido, el panista Daniel Retes criticó que la reforma implique una disminución de castigos en estados gobernados por Morena.
A estos señalamientos se sumaron legisladores del Partido del Trabajo (PT), quienes también pidieron endurecer las penas y castigar la tentativa de extorsión, al considerar que muchos delincuentes amagan sin concretar el delito pero sí causan daño psicológico y patrimonial a sus víctimas.
Desde la bancada oficialista, Morena defendió la iniciativa al afirmar que la nueva ley permitirá unificar criterios, proteger a las víctimas y fortalecer la investigación. La diputada Julieta Kristal Vences Valencia sostuvo que con la reforma “creamos una política uniforme de investigación y sanción”, además de establecer que el delito se investigará por oficio.
“Se establecen medidas operativas. Establecemos que la extorsión se investigará por oficio, porque a diferencia de ustedes, los del PRIAN, a nosotros en Morena nos preocupan las víctimas, cuidamos su integridad, porque sí, las víctimas durante años han temido por su vida al momento de denunciar, por eso ahora será por oficio”, declaró.
El dictamen incluye además la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y trabajará en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica.
El número único 089 será el canal de atención nacional para víctimas o testigos de este delito.
Por otro lado, Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano anunciaron que respaldarán una reserva para atenuar las sanciones a servidores públicos —como policías, agentes ministeriales o custodios— que no denuncien casos de extorsión, pues podrían haber sido víctimas de amenazas.
La pena para ellos podría reducirse de 10 a 20 años, como originalmente propuso la presidenta, a cinco a 10 años de prisión.
Una vez concluido el debate en lo particular, la minuta será turnada al Senado de la República, donde continuará su análisis.
