Desde la primera quincena de octubre estallaron las protestas intermitentes y parciales del trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país.
Los manifestantes han empujado diferentes peticiones como el aumento de sueldo y el abasto eficiente de insumos y equipo médico, necesario para atender a millones de derechohabientes.
Tras las marchas que han paralizado vías primarias en la Ciudad de México y otras importantes urbes en la República Mexicana, así como la realización de varias mesas de negociación, este miércoles 21 de octubre, el director general del Instituto, Zoé Robledo, anunció un incremento salarial al 8%, dejando ver una realidad histórica en México: la protesta social consigue mejoras de vida para millones de mexicanos.
Aunque aún está por verse si todos los trabajares del IMSS aceptan este incremento, en este contexto, en Nación321 recordamos cómo otras protestas recientes, ya sea emanadas de sindicatos (organizaciones bien estructuradas de movilización) o sociedad civil, han resultado en cambios sustanciales.
CNTE, UNA CONSTANTE PRESIÓN
Si bien de momento el incremento salarial propuesto para el IMSS ha resultado insuficiente para los manifestantes, quienes siguen en las calles exigiendo atención real a sus propuestas, es un hecho la modificación de los salarios de los trabajadores del Instituto.
En el mismo tenor, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), uno de los gremios más fuertes y con más integrantes no sólo de México, sino de Latinoamérica, también ha salido a manifestarse en diferentes ocasiones, cuando considera que sus salarios no compensan su labor.
La más reciente de las protestas de la CNTE se dio semanas atrás, en el marco del inicio del Mundial 2026; los maestros replicaron sus manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir, principalmente, la abrogación de la Ley de Pensiones del ISSSTE del 2007 y mejoras salariales.
Los maestros se expresaron en diferentes puntos del país para presionar a autoridades tanto estatales como federales. Con el inicio del Mundial radicalizaron sus expresiones, acompañados de la visibilidad que el evento deportivo mundial tenía. Pero el 20 de junio de este año decidieron levantar el plantón que tenían en el Centro Histórico y replegarse por completo.
Las manifestaciones no lograron modificar ni una coma de la Ley que buscaban abrogar, pero sí consiguieron atención a otras demandas, como la de desaparecer la Unidad del Sistema para Carrera para los Maestros y Maestras (USICAMM), para retomar el control de la aprobación de ascensos.
Y también lograron mejorar sus salarios, pese a que era una demanda secundaria: el 15 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del 9%.
“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, resaltó.
Además, negociaron una bolsa de 800 millones de pesos para atender rezagos educativos en Oaxaca, con la promesa de que el gobierno de Sheinbaum seguirá pendiente de las necesidades del estado en materia educativa.
CRISIS HÍDRICA EN JALISCO
Una de las recientes movilizaciones sociales que han dado mucho de qué hablar es la que ocurrió en el estado de Jalisco, el pasado domingo 11 de octubre, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de Guadalajara para exigir al gobierno del emecista Pablo Lemus atender la crisis hídrica en la entidad.
Y es que desde hace semanas, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara documentaron cómo de los grifos de sus casas salía agua contaminada, muy lejos de ser agua potable.
La situación se recrudeció con el tiempo hasta que, hartos, salieron a pedir que la situación mejorara. La marcha pacífica se tensó al punto en que hubo confrontación entre grupos de manifestantes y policías que debían resguardar el movimiento.
Resultado de ello, el gobierno estatal reportó 39 personas detenidas y 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad. Un escándalo por la represión y excesos policiales que terminaron siendo reconocidos por el propio gobierno estatal.
Aunque todos los detenidos fueron puestos en libertad, nueve de ellos fueron vinculados a proceso por agresión a los policías y siguen su proceso en libertad.
La situación social y políticamente compleja llevó a los gobiernos estatal y federal a anunciar planes de atención integral al problema.
Por un lado, Lemus indicó que se dejará de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de abastecimiento de Chapala para distribuirla a la ciudad. La decisión permitirá, dijo, que el agua que llegue a los hogares tenga una mejor calidad, aunque implicará que durante los próximos meses haya menos líquido disponible, por lo que anunció un esquema de rotación en el servicio.
Lemus estimó que esta medida podría mantenerse durante aproximadamente seis meses, mientras concluyen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Paralelamente, se realizará el saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece.
En tanto que Sheinbaum anunció que su gestión aportará la totalidad de los recursos necesarios para la construcción de una planta potabilizadora en Jalisco, cuyo costo se estima en cerca de 13 mil millones de pesos; la mandataria aseguró que buscará evitar que la entidad tenga que recurrir al endeudamiento para financiar el proyecto.
FALTA DE AGUA EN NUEVO LEÓN
En Nuevo León, ciudadanos también han salido a las calles para exigir soluciones ante la escasez de agua que en diferentes momentos se ha padecido en esta entidad norteña.
En 2022 explotaron las protestas en diferentes municipios como García, Santa Catarina y Monterrey para exigir el suministro del recurso.
Acusaban que la crisis hídrica que naturalmente vive este estado se sumaba a un programa de racionamiento irregular que dejó a miles de familias sin servicio por días, y criticaron el uso excesivo y las concesiones de agua otorgadas a grandes empresas e industrias privadas mientras la población carecía del recurso básico.
El crecimiento urbano acelerado y la falta de previsión agravaron el impacto de la sequía, así como los cortes prolongados del líquido llevaron a la población a manifestarse.
Los gobiernos estatal, de Samuel García, y federal, de Andrés Manuel López Obrador, anunciaron la creación del acueducto El Cuchillo II, obra que se inauguró en diciembre del 2023.
Durante la ceremonia de inauguración en la Planta Potabilizadora San Roque, Samuel García señaló que nunca dejaría de ser agradecido por el apoyo del presidente para resolver el problema del agua, con la realización en tiempo récord de una obra que parecía imposible
El proyecto contempló la operación de los cinco equipos de bombeo que permitieran dotar de agua a la zona metropolitana de Monterrey donde viven más de 5 millones de habitantes, de una cantidad adicional de cinco metros cúbicos de líquido por segundo.
La obra, que se empezó a construir el 2 de septiembre de 2022, fue declarada de Seguridad Nacional por el presidente López Obrador, quien dejó la gerencia del proyecto a cargo de ingenieros militares para agilizar su realización, ante la crisis hídrica sin precedentes que había sufrido esta urbe.
“EL INE NO SE TOCA”
A finales de 2022, el entonces presidente López Obrador impulsó una profunda reforma electoral. Al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, la coalición oficialista aprobó reformas a leyes secundarias, un conjunto de cambios conocido popularmente como el ‘Plan B’.
El planteamiento de AMLO chocó con algunos sectores de la población civil, que indicaban que dicho plan vulneraba la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), recortaba excesivamente su presupuesto, y despedía a cerca del 85% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y eliminaba juntas distritales clave.
Preocupados, ciudadanos y expertos advirtieron que esto ponía en riesgo la capacidad técnica del instituto para instalar casillas de forma segura y garantizar elecciones libres y confiables.
Por su parte, el gobierno defendía que se trataba de un organismo costoso, con una “burocracia dorada”. AMLO indicó que el nombrado ‘Plan B’ generaría un ahorro de miles de millones de pesos públicos y optimizaría las funciones del aparato electoral. Y acusó abiertamente a sus detractores, políticos y sociedad civil, de intentar defender privilegios.
Ello dio lugar a dos marchas masivas —la de noviembre de 2022 y la de febrero de 2023 en el Zócalo capitalino— que se gestaron para frenar la intentona de Morena y aliados.
La batalla pasó de la protesta a la lucha legal. Tras recursos interpuestos por el INE y partidos de oposición, el ministro Javier Laynez Potisek concedió una suspensión que congeló la aplicación del ‘Plan B’, impidiendo que los cambios estructurales se implementaran de manera inmediata.
En junio de 2023, el Pleno de la Corte, presidido por Norma Piña, invalidó y declaró inconstitucional el planteamiento de los morenistas. La resolución judicial se fundamentó en que la mayoría legislativa del Congreso incurrió en violaciones graves al procedimiento parlamentario (como la aprobación exprés sin debate ni lectura de las iniciativas).
Gracias a estas resoluciones, el entramado legal del ‘Plan B’ quedó sin efectos de manera permanente, permitiendo que los procesos electorales posteriores se organizaran bajo las reglas de operación originales y recursos intactos del INE.
Las luchas sociales no son recientes en el México moderno. En todo caso son expresiones que se han replicado y madurado, desde décadas atrás para defender derechos y pelear por justicia social.
Hoy, por ejemplo, los empleados del IMSS, inconformes con la solución del gobierno, mantienen sus protestas con la intención de mejorar, además de su salario, “las condiciones en que se brinda atención a millones de derechohabientes”.
