Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada, así lo revela una investigación de Quinto Elemento Lab.
Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por COVID-19. Hasta abril pasado, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.
Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.
Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado en 88%. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.
Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta.
"Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan", se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.
Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23% de los municipios a nivel nacional.
Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, muestran municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.
La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales.
BROTAN LAS FOSAS
En los primeros cuatro años y medio de este sexenio se han descubierto en promedio 1.8 entierros ilegales cada día.
Las 2 mil 864 fosas clandestinas encontradas durante esta administración representan más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril de este año, y duplican el número de hallazgos reportados en los 12 años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esto no necesariamente significa que las fosas se cavaran durante ese mismo periodo; algunas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas.
La geografía de los entierros ilegales también ha cambiado. Antes de 2019, más del 50% de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
En el 2019, luego del primer año de gobierno de AMLO, 970 fosas fueron descubiertas, una cifra récord que representó un incremento del 123% respecto al año inmediato anterior, cuando se localizaron 435. Desde entonces, los hallazgos han ido a la baja a nivel nacional, lo cual no implica una disminución de los entierros ilegales; podría ser que los lugares de ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades y, por ello, no los descubran. Otra posible explicación es que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la CNB, o que se estén realizando menos búsquedas en campo.
De acuerdo con datos analizados por Quinto Elemento Lab, en este sexenio han surgido nuevos epicentros de fosas clandestinas, especialmente en municipios con baja densidad poblacional.
Tecomán, Colima, con 116 mil 305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3% de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209.
Su posición estratégica, a 10 kilómetros de la costa del Pacífico, lo ha convertido en un sitio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con informes de 2020 elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el grupo Guacamaya, las actividades ilícitas en el municipio son ocasionadas por “el control del puerto interior y [para] mantener una red organizada que les permita y garantice la distribución en los lugares donde se centra la población local y el turismo nacional e internacional”.
Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima, conoce bien la zona. Ella busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en Villa de Álvarez, Colima, el 20 de agosto de 2018.
Recuerda que cuando hubo el primer hallazgo masivo de fosas, en la ranchería de Santa Rosa en Tecomán, llegaron colectivos de Jalisco, Nayarit y Michoacán para ver si había algún rastro de sus desaparecidos.
"Era una zona retirada de la comunidad, como un parque en destrucción, seco todo. Hoyos, ramas secas", cuenta la buscadora. El registro de la CNB contabiliza 52 fosas clandestinas localizadas entre el 2 y el 6 de febrero de 2019.
Sepúlveda lleva un registro casi poético de las fosas que más le han impactado. Recuerda, por ejemplo, un lirio muy bonito en uno de los sitios de inhumación ilegal, también en Tecomán. Ahí, dice, los peritos excavaban para recuperar los cuerpos y salía mucha agua. Fue una exhumación complicada porque estaban cerca de un manglar.
En otra fosa, cuenta, había un gran árbol de limón, el más grande de la zona; bajo su sombra encontraron unos 20 cuerpos enterrados.
Hubo también una ocasión en que dos inusuales “emisarios” aparecieron.
“Estábamos arriba del cerro. Era un calor inmenso. De repente, yo volteo al cielo y veo en un árbol seco un colibrí y le digo a una compañera: ‘Mire, un colibrí. ¿Qué está haciendo aquí si no hay nada que coma?’ Voltea ella para el otro lado y ve una mariposa blanca. Yo creo que eran las dos personas [que se encontraron en la fosa], como que vinieron a darnos las gracias a todos por haberlos sacado de ahí”.
Úrsulo Galván, en Veracruz, con 30 mil 97 habitantes, también destaca en esta lista de municipios. Bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como "La Guapota" se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.
“La vegetación que hay es muy compleja: árboles con espinas, esto que le llaman ‘vainas de pica pica’, y justo las fosas estaban por debajo de esa vegetación, lo cual a mí me da la idea de que son fosas con algún tiempo [de haberse cavado]”, dice Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Otros municipios con mayor población llevan más de una década posicionados en esta trágica lista, como Acapulco, Guerrero, que entre 2011 y 2021 se ubicó entre los seis con más entierros ilegales. En 2019 rompió su récord, al registrar 56 fosas. Lo mismo pasó en Ahome, en el norte de Sinaloa, que reportó 67, también en ese año.
ENTIERROS MASIVOS
Los entierros masivos han continuado apareciendo por todo el país. En total, han sido 24 casos en los que se encontraron, en un solo día y en el mismo municipio, 10 o más fosas clandestinas. Encabezando la lista está Úrsulo Galván, donde el 4 de julio de 2019, según el registro de la CNB, se descubrieron 72 sitios de enterramiento.
Los datos corresponden al mencionado predio "La Guapota"; el hallazgo fue notificado a los colectivos veracruzanos tres meses antes, alrededor del 20 de abril, de acuerdo con Anaís Palacios, que documenta casos de desaparición y ha acompañado durante años a los grupos de búsqueda en Veracruz.
Palacios dice que el predio "La Guapota" es muy extenso, de unas ocho hectáreas. Se localiza a dos kilómetros de la playa y está cubierto de maleza con espinas. Es una duna de tierras áridas.
"O metieron los cuerpos en camionetas o del lado de la playa”, afirma la defensora. ¿Quién trae tantos cadáveres a este lugar tan inaccesible?, se pregunta. Tuvieron que utilizar georradares –un aparato capaz de identificar objetos que están bajo tierra– porque no era fácil reconocer los cambios en el suelo que advertían de la ubicación de entierros. En algunos casos, los cuerpos fueron encontrados a dos metros de profundidad.
Otro hallazgo masivo se dio en Salvatierra, Guanajuato, donde el 20 de octubre de 2020 se identificaron 65 fosas clandestinas, según los datos de la CNB.
La fiscalía estatal había negado la existencia de entierros ilegales en su territorio hasta ese momento en que le fue imposible ocultar los 80 cuerpos y restos óseos que yacían debajo de la tierra. Este hallazgo, a diferencia de la mayoría, que ocurre en lugares despoblados, se dio en una colonia de la localidad, en una superficie de unos 6 mil metros cuadrados, reportó en esa fecha el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra.
Dos municipios más de Veracruz aparecen en esta lista; son Playa Vicente, en la región Papaloapan, colindante con Oaxaca, que reportó 44 entierros el 28 de febrero de 2020, y Alvarado, que contabilizó 40 el día 3 de diciembre de 2019 en la localidad El Arbolillo.
En quinta posición está Tecomán. Ahí, en un solo día, el 6 de febrero de 2019, se hallaron 38 fosas.
¿QUÉ DICEN LAS FOSAS CLANDESTINAS?
El 6 de abril de 2019, en el municipio de Xalisco, ubicado a 7 kilómetros del centro de Tepic, Nayarit, se encontró una fosa con una altura de cuatro metros que los colectivos de búsqueda calificaron como la más profunda del país. De la tierra se rescataron 21 cuerpos de personas que desaparecieron en junio de 2017.
El entierro masivo requirió de, al menos, una retroexcavadora, de acuerdo con un testimonio recogido por la CNB. Los cuerpos estaban acomodados en varias filas, bañados en cal y separados por lonas.
Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México (ODIM), considera que hallazgos como el de Nayarit muestran un grado importante de colusión con las autoridades, el acceso a recursos –como la maquinaria– y el poder de las organizaciones criminales, aunque advierte que esta es una sospecha difícil de comprobar.
Es probable que, en varios casos, las autoridades se percataran o supieran que en ciertos puntos los criminales enterraban a sus víctimas.
“Los policías de a pie están muy enterados de en donde entierran los cuerpos los criminales, pero por miedo no denuncian esto porque además ven que sus jefes policiales tienen pactos o acuerdos con las organizaciones de la zona”, según Eduardo Guerrero.
Para encontrarlas, las buscadoras han aprendido a leer la maleza y la tierra, a reconocer olores, a identificar qué hay en el entorno que no debería estar ahí. González, de la Red de Enlaces Nacionales, ha recorrido medio país en busca de entierros ilegales. Ninguna fosa es igual, asegura.
Pese a la importancia de contar con información sobre los cuerpos recuperados en fosas clandestinas y los objetos hallados en su interior, es complicado acceder a estos datos.
"Como no sabemos todavía quiénes podrían estar ahí, no tenemos acceso a toda la carpeta de investigación porque no se puede acreditar el interés jurídico al no tener indicios de que la persona que buscas pudo haber terminado ahí”, explica De Pina.
La defensora Palacios coincide con esto. En su experiencia, en las carpetas de investigación sobre hallazgos de fosas no hay más que una criminalística de campo insuficiente y “de mala calidad”, es decir, el registro de qué se encontró, en qué condiciones y el lugar exacto. Sin la información completa de la evidencia recogida en estos lugares, más allá del número de cuerpos y restos óseos, es difícil generar líneas de investigación que den con los perpetradores o, al menos, con la verdad de quiénes eran las víctimas y por qué se las llevaron y asesinaron.
Tampoco existen registros digitalizados que puedan ser consultados tanto por las familias buscadoras como por los agentes del ministerio público a cargo de investigar las desapariciones.
“Lo que necesitamos es que las fiscalías empiecen a sistematizar y abrir esa información para ver qué nos dice de la violencia y cómo ha cambiado”, señala la abogada e investigadora del ODIM.
*Marcos Vizcarra contribuyó en este reportaje y Andrés de la Peña, se encargó de la Verificación de datos.
