Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
La decisión fue tomada por Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. El juzgador consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para establecer, en esta etapa, tanto la existencia del delito como la probable participación del exmandatario.
Aguirre Rivero permanecerá en el penal federal del Altiplano, luego de que el juez ratificara la prisión preventiva de oficio. La defensa había planteado la posibilidad de sustituir esta medida por prisión domiciliaria.
El tribunal concedió 120 días, equivalentes a cuatro meses, para el desarrollo de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía como los abogados del exgobernador podrán incorporar nuevos elementos de prueba; el plazo concluirá el 4 de diciembre.
La acusación de la Fiscalía
La imputación de la FGR sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar o destruir evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, particularmente grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas en el Palacio de Justicia.
Según la investigación, esas imágenes podrían mostrar parte de la agresión contra los normalistas y el traslado de algunos estudiantes después de que fueron interceptados.
La Fiscalía basa parte de su acusación en testimonios de exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero. Una de ellas habría recuperado un disco que contenía las imágenes de las cámaras y posteriormente lo habría entregado al entonces gobernador, quien presuntamente lo habría hecho llegar al procurador estatal Iñaki Blanco para su destrucción.
La investigación también menciona a Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador y quien se desempeñaba como su asesor. La FGR lo relaciona presuntamente con el grupo criminal Guerreros Unidos y sostiene que tuvo conocimiento de los acontecimientos desde las primeras horas.
Defensa sostiene que Aguirre estaba en Ciudad de México
Los abogados del exmandatario presentaron 31 datos de prueba con los que intentaron desacreditar la versión de la Fiscalía.
Uno de los principales argumentos consiste en que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones. La defensa sostiene que el entonces gobernador estaba en Ciudad de México, donde se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Durante la audiencia, Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien era coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo de Guerrero, declaró que el 29 de septiembre de 2014 trasladó a Aguirre a la capital del país para una reunión con Osorio Chong alrededor de las 18:00 horas, en Polanco.
El juez, sin embargo, consideró que las pruebas aportadas por la defensa no eran suficientes para desvirtuar, en esta etapa procesal, los datos presentados por la FGR.
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto y desde entonces permanece en el penal federal del Altiplano.
