Un Tribunal federal ordenó reabrir el procedimiento legal en contra de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
De acuerdo con la resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, hay elementos suficientes para indagar en el caso luego de que no fueron tomadas en cuenta las pruebas de una posible tortura en contra de Aburto tras su detención, ni las declaraciones de todos los elementos involucrados en el caso.
Esta determinación sugiere una investigación en contra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, ambos del PRI, señalados por Aburto por el presunto delito de tortura, luego de su detención en 1994 en Tijuana.
De acuerdo con la ley, se permitiría que el expediente sea sujeto a revisión, con la integración de las comparecencias de todas las partes involucradas, incluidas las de Salinas y Beltrones.
Con la revocación de la resolución anterior por irregularidades en el proceso, particularmente por la omisión de las comparecencias de terceros interesados que, por ley, estaban obligados a participar en el proceso, ahora se busca integrar todos los elementos de interés del caso.
Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana. Aunque oficialmente Mario Aburto fue señalado como el asesino solitario, desde el inicio hubo inconsistencias en el proceso: tortura, contradicciones en los testimonios y dudas sobre la identidad del detenido.
A lo largo de los años, muchas voces han sugerido que Colosio fue víctima de un crimen de Estado por su discurso reformista y su distancia con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación y solicitó la aprehensión de un segundo tirador, Jorge Antonio ‘S’, exagente del Cisen, la cual fue bloqueada por un juez.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la negativa del juez fue por intereses políticos. El caso Colosio permanece como uno de los enigmas más profundos de la política mexicana: “se sabe” quién disparó, pero no quién lo ordenó.
